(AP).- La decisión de Google de cerrar Google News en España debido a una ley de propiedad intelectual significa que el contenido de las publicaciones españolas desaparecerá de sus servicios en todo el mundo.
La compañía dijo que bloqueará las informaciones de medios españoles de sus más de 70 ediciones internacionales, además del cierre en España el 16 de diciembre, dos semanas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley española el 1 de enero que obliga a pagar a los medios si su contenido se reproduce total o parcialmente.
Eso significa que los usuarios en Latinoamérica, donde las organizaciones noticiosas tratan de aumentar su audiencia, no verán esas noticias vía Google News. También desaparecerán las versiones en inglés de periódicos españoles como el prominente El País.
Un vocero de El País dijo que el periódico no planeaba formular ninguna declaración sobre la acción de Google.
El ministerio de cultura español afirmó que la ley no se aplica a individuos y que protegerá la propiedad intelectual de las publicaciones que gastan dinero para crear contenido, sin perjudicar la libertad de información.
Los clientes que usen la máquina de búsqueda de Google en España y en cualquier parte del mundo podrán hallar los artículos directamente de las publicaciones españolas, porque la ley no se aplica a los individuos que hagan sus propias búsquedas fuera de Google News.
Richard Gingras, director de Google News, dijo que la decisión de cerrar ese servicio en España fue tomada “con verdadero pesar”.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que representa a grandes medios noticiosos, gestionó la ley que se ha dado en apodar “Impuesto Google”. Esa organización no quiso formular declaraciones el jueves sobre la decisión de Google.
“Dada la posición de dominio de Google, AEDE requiere la intervención de las autoridades españolas y comunitarias, y de las autoridades de la competencia, para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas”, afirmó esa entidad en una declaración.
Agregó que “AEDE siempre ha mantenido, y lo seguirá haciendo, el interés de negociar con Google acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes en distintos ámbitos, en concreto, en lo relacionado con la aplicación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual española. Confía, por lo tanto, en que la actual situación pueda encauzarse en beneficio de ambas partes”.
Será el primer cierre de una fuente de Google News que fue lanzado en 2006.
La ley no especifica cuánto tendría que pagar Google a las fuentes de las noticias, pero la compañía dijo que la ley española es mucho más estricta que otras leyes similares de otros países debido a que exige pagos “por reproducir incluso los extractos más reducidos de contenido”. Google News no genera ingresos ni muestra avisos.
Google News ha irritado a los medios y otras fuentes de noticias que se quejan de que ese servicio viola el derecho a la propiedad intelectual al presentar titulares y noticias recogidos de otros sitios.
Google sostiene que obedece todas las leyes de propiedad intelectual y que a la vez orienta más usuarios a los sitios que presenta en su servicio noticioso.
La compañía también permite que las fuentes impidan que determinado material sea incluido en Google News, una opción que pocos sitios escogen porque el servicio de Google es una fuente importante de tráfico para vender avisos.
Al promover la ley y lograr que Google bloquee su contenido, los medios españoles podrían “quedar afuera del mercado; el tiempo lo dirá”, comentó Alejandro Tourino, un abogado de Madrid especializado en medios que ha trabajado para The Associated Press en varios casos legales.
Después que Alemania revisó sus leyes de propiedad intelectual de modo que permitió pero no obligó a Google News a pagar regalías, Google requirió que los medios dieran consentimiento para resumir sus contenidos, y la mayoría lo hizo.
Google accedió el año pasado a ayudar a que las organizaciones noticiosas francesas aumentaran sus ingresos por publicidad en línea y a financiar innovaciones en el terreno digital para zanjar una disputa acerca de si debía pagar por contenidos noticiosos en los resultados de las búsquedas.
El tribunal superior de Europa dictaminó este año que el público tiene derecho a exigir que se borren comentarios calumniosos o informaciones desactualizadas de la máquina de búsqueda de Google. Ese caso comenzó en España.
