El 90% de los municipios limeños no facilita la construcción de infraestructura para telefonía móvil porque se incumplen los requisitos que establece la ley o no recibe las solicitudes de autorización que presentan las empresas operadoras, informaron voceros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El problema parece ser que las autoridades ediles no han adecuado su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la reglamentación de la Ley 29022 que favorece la implementación de infraestructura de telecomunicaciones, y solicitan a las compañías obligaciones que la norma no considera, explicó el director general de Control y Supervisión de Comunicaciones, Lorenzo Orrego Luna.

“Existen municipalidades que les piden estudios de impacto ambiental, licencia social o acuerdos de los vecinos a las empresas que ganaron la concesión de servicio de telefonía móvil y acuden a la comuna para iniciar la construcción de torres e instalar las antenas. Son exigencias que no considera el reglamento”, comentó el funcionario a la agencia Andina.

La actuación de los funcionarios ediles responde al desconocimiento que tienen sobre las investigaciones que revelan que la presencia de antenas para la telefonía móvil en la ciudad no tiene efectos nocivos para la salud, y al temor de enfrentar a los vecinos que creen lo contrario y se oponen a la medida, indicó Orrego Luna.

Responsabilidades municipales
El funcionario sostuvo que esta decisión altera la calidad del servicio, pues al haber menos cobertura de la señal, precisamente por falta de antenas, la velocidad de Internet es lenta, el teléfono se recalienta, la batería dura poco por el esfuerzo que hace para encontrar la señal y los Iphone 4G, por ejemplo, no funcionan al 100%.

“Los alcaldes no mejoran el servicio de telefonía por desinformación y por causas políticas. Las antenas sólo miden 70 centímetros de alto y las torres que funcionan como base para colocarlas no son altas, no son como un poste de energía eléctrica. No autorizar su construcción tiene consecuencias económicas y de seguridad para la población”, agregó.

El funcionario del MTC refirió que municipios como Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador, Miraflores, entre otros, no autorizan los permisos.

Ocurre lo contrario con San Borja, Pueblo Libre y recientemente Lima Metropolitana, que están trabajando para mejorar la telefonía móvil de sus vecinos.

Orrego Luna recordó que está claramente señalado por el reglamento que las antenas no deben construirse en áreas públicas protegidas ni en el ámbito de zonas arqueológicas.

Lo que determina el reglamento -indicó- es que la autorización sea automática, que el solicitante cumpla con los requisitos que se le exigen porque de no hacerlo sería sancionado, y que el funcionario acate el dispositivo legal pues podría ser acusado de cometer delito por omisión de funciones y ser pasible de sanción.

Según información del MTC, en Lima existen 3,583 antenas, para una población de casi 10 millones de habitantes, mientras que en Londres se han construido 30,000 estaciones de base móvil para unos 9 millones de habitantes; y en Barcelona hay 1,400 antenas para casi 2 millones de habitantes.

“El Perú necesita sumar 12,000 antenas adicionales a las 12,000 que ya tiene para tener un servicio básico de calidad”, sostuvo el funcionario, tras precisar que en el país existen 33 millones de celulares.