(AP).- Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos y las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de su poder durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció Human Rights Watch.

La organización no gubernamental, con sede en Nueva York, precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes, que salieron a las calles a protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

HRW dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.

“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”, señaló.

En su informe de 103 páginas, elaborado en marzo durante visitas a Caracas y a otras tres provincias de Venezuela, la organización documentó 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones judiciales.

El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones terminen inculpando a los funcionarios investigados.

“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco.

“Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”, agregó.

El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una tasa de inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%—, la escasez de productos básicos y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2,200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.