BASE MILITAR INCAHUASI, (Reuters) .- Mientras el helicóptero avanza sobre la infinita selva del sur de Perú, los artilleros a cada lado del fuselaje recorren el paisaje con el cañón de sus ametralladoras. De pronto el Mi-171 del Ejército Peruano que transporta al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, remonta altura sobre una zona convulsionada en el VRAEM, la aislada región de Perú donde se produce la mayor cantidad de cocaína del mundo.

“Es por seguridad”, explica un oficial, gritando para hacerse oír sobre el ruido del rotor. “Por aquí hay francotiradores”.

Este pedazo de selva casi del tamaño de Puerto Rico se convirtió en corazón del nuevo mapa internacional del narcotráfico desde que Perú desplazó en el 2012 a Colombia como el mayor productor de coca del mundo.

A través de la ventanilla redonda del helicóptero, Cateriano observa unos surcos que se abren como cicatrices en la vegetación. Uno, dos, tres y hasta 10 en un trayecto de apenas media hora siguiendo el serpenteante curso del río Apurímac.

“Son pistas clandestinas”, explica al aterrizar con un grupo de periodistas en Incahuasi, una pequeña base militar en medio de la selva.

Desde allí, en la cima de una montaña, el VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro) se extiende hasta donde alcanzan los ojos. El viaje hasta esta base aislada por montes y ríos incluyó una hora de avión militar desde Lima a la ciudad de Mazamari y luego más de una hora en dos helicópteros. En auto hubiera demorado hasta tres días.

La hoja de coca plantada en estas montañas es convertida en cocaína en rústicos laboratorios camuflados bajo los árboles y exportada en avionetas que operan desde las improvisadas pistas de tierra de las que hablaba Cateriano.

El VRAEM es un dolor de cabeza para el presidente Ollanta Humala, un militar retirado que baraja autorizar otra vez la intercepción de “narcoavionetas”, suspendida hace más de una década tras el derribo por error de una aeronave civil que causó la muerte de una madre y su niño.

“Yo conozco el VRAEM, no sólo como presidente de la República sino como soldado”, dijo Humala en una entrevista reciente con Reuters.

“Perú tiene necesidades que debe cumplir para no permitir que éste tráfico aéreo se consolide”, añadió el mandatario, que describió los vuelos del narcotráfico como un “puente aéreo”.

De aquí sale al menos la mitad de las 300 toneladas de cocaína que Naciones Unidas calcula que son producidas anualmente en Perú, una cifra que según fuentes de inteligencia podría ser mucho mayor debido a la falta de información.

NARCOS Y GUERRILLEROS

La Base Contraterrorista de Incahuasi es una de las 10 nuevas instalaciones militares construidas en el último año en el corazón del VRAEM.

Protegida por una muralla de planchas de fierro, alambradas y costales de arena, una decena de módulos aloja a los comandos que con el rostro pintado de verde se alistaban para emprender una operación en una tarde reciente.

Con un clima lluvioso y una temperatura que oscila entre 22 y 28 grados durante casi todo el año, el VRAEM reúne las características ideales para el cultivo de la hoja de coca.

Pero fueron el aislamiento, la pobreza y la ausencia del Estado las que crearon las condiciones perfectas para que se disparara la producción de cocaína en este rincón de Perú.

Usada como energizante desde la época de los incas, la coca se convirtió en el único sustento para muchos campesinos en una región largamente ignorada por el Estado, donde un 55 por ciento de la población vive en la pobreza y escasean servicios básicos como electricidad, saneamiento o incluso agua potable.

Analistas calculan que al menos 10.000 campesinos del VRAEM cultivan coca, que permite hasta cuatro cosechas al año frente a una sola del café. Y no lo hacen a escondidas. Es habitual que hasta los niños ayuden en la cosecha de la hoja de coca, que a veces incluso es secada en improvisadas canchas de fútbol.

La hoja es vendida a intermediarios que, según narran los habitantes de la zona, llegan en modernas camionetas con enormes fajos de billetes y pagan varias veces más de lo que obtendrían por cultivos como el café o el cacao.

Durante su visita a Incahuasi, el ministro Cateriano se encontró con un dirigente campesino que llegó hasta la base para pedir energía eléctrica, carreteras, un hospital y una mejor escuela para los habitantes de su aldea.

“Por eso algunos se dedican al cultivo de coca”, explicó Joaquín Masías, el campesino, a Reuters en relación a las carencias que afectan a su pueblo.

Y no es el único desafío bajo la espesa vegetación del VRAEM. La región con las mayores reservas de gas natural de Perú se transformó en escondite de los remanentes de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que según las autoridades vende protección a los narcotraficantes.

Para Humala, narcotráfico y guerrilla son dos caras de un mismo problema. Dentro de la base hay paneles con fotografías de los cabecillas del grupo, que aterrorizó Perú en la década de 1980, bajo la leyenda “El brazo armado del narcotráfico en el VRAEM”.

Diezmado tras la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992, Sendero Luminoso se replegó en la selva, donde, según la policía, brinda seguridad a los narcotraficantes para financiar sus actividades, como pasó en Colombia con la guerrilla de las FARC.

CONEXIÓN BRASILEÑA

En el nuevo mapa internacional del narcotráfico hay también nuevos actores. Y el principal es el Primeiro Comando da Capital (PCC), una poderosa organización criminal brasileña que según la policía peruana es el mayor receptor de la cocaína que viaja a través del puente aéreo al que se refería el presidente Humala.

Surgido décadas atrás en las prisiones de Sao Paulo, el PCC es poco conocido fuera de las fronteras de su país, al punto que ninguno de sus cabecillas aparecen en las listas de personas más buscadas de la DEA o el FBI.

Sin embargo, la organización brasileña está compitiendo con los poderosos cárteles de México y Colombia.

“El PCC se ha convertido en el gran receptor de la droga peruana”, dijo un agente de inteligencia peruana que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar sobre el tema.

Un 70 por ciento de la cocaína y pasta base -un derivado más barato y adictivo- es exportado por vía aérea, dijo a Reuters el jefe de la policía antidrogas de Perú, general Vicente Romero.

“Se ha afianzado sacar la droga por aire”, dijo en su austero despacho en cuyas paredes cuelgan mapas de Perú. “Esto dificulta la labor de la policía”.

Luego de secar la hoja de coca al sol, los campesinos de la zona venden la materia prima a los productores que la procesan en rústicas piscinas de plástico para elaborar pasta base o clorhidrato de cocaína. De acuerdo a la policía antidrogas, la cocaína es acopiada por clanes familiares de la zona y vendida a intermediarios que la sacan del país.

Según fuentes militares y analistas, Bolivia es usada como punto de trasbordo para el tráfico de la cocaína. Y no sólo eso. La policía peruana rastreó las narcoavionetas y descubrió que muchas fueron compradas en Miami y tienen generalmente matrícula boliviana. El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que entre 150 y 180 toneladas de cocaína fueron sacadas de la selva de Perú a través de Bolivia en el 2013.

“Bolivia se ha vuelto el centro de instrucción de América Latina donde salen pilotos (del narcotráfico)”, dijo el general Romero, el jefe de la policía antinarcóticos peruana.

Las autoridades peruanas calculan que los traficantes pagan 70.000 dólares por alquilar el avión y 25.000 dólares por el piloto.

El número de vuelos es un misterio. Pero si cada avioneta transporta hasta 300 kilos de cocaína, al menos entre 500 y 600 vuelos pueden haber sido realizados el año pasado.

Ya sea vía Bolivia o Paraguay o directamente a través de la porosa frontera de 3.000 kilómetros de selva, el primer destino de la cocaína peruana es Brasil.

Tradicionalmente una plataforma de exportación, el boom económico de la última década convirtió a Brasil en el segundo mayor consumidor de cocaína después de Estados Unidos, según datos de la agencia antidrogas de Perú y de Naciones Unidas.

Parte de la cocaína es aspirada en el gigante sudamericano y otra despachada generalmente por barco rumbo a Europa y -cada vez más- a mercados emergentes en África y Asia.

El PCC redujo la tajada de bandas que trabajan para los carteles colombianos o mexicanos como el de Sinaloa o Los Zetas, que según la policía antidrogas peruana operan en las ciudades de la costa desde donde trafican volúmenes menores por vía marítima a Estados Unidos.

Un porcentaje menor es contrabandeado a través del aeropuerto internacional de Lima por “mulas” que ingieren cápsulas de cocaína, la transportan adherida al cuerpo o escondida en artesanías. En los primeros cuatro meses del año fueron capturados 65 de esos “burriers”, como los llaman en Perú mezclando las palabras burro y courier, de una decena de nacionalidades tratando de sacar 236 kilos de cocaína, según la policía local.

Los márgenes de ganancia del tráfico en Perú son astronómicos. Un kilo de cocaína comprada por 1,000 dólares en el VRAEM es revendida en Europa por 100,000 dólares y en Asia o Australia por entre 200,000 y 280,000 dólares, según un reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas.

NARCOPISTAS

El combate contra el narcotráfico en la selva peruana es, en muchos sentidos, una batalla por el control de los cielos. Y las “narcopistas” son un capítulo clave.

Vistas desde el helicóptero, las pistas clandestinas parecen pequeños caminos de tierra que no llevan a ningún lado. Generalmente son construidas en llanos o cerca de los cauces de los ríos.

La policía calcula que unas 100 pistas operan en el VRAEM y otras están siendo construidas en este momento en claros de la selva en regiones como Puno y Loreto, cercanas a la frontera con Bolivia y Brasil.

Aunque 49 pistas fueron dinamitadas en el 2013 por las fuerzas de seguridad y otras 40 en los primeros cinco meses de este año, muchas fueron rehabilitadas por los mismos campesinos.

“En cualquier lado se pueden construir una narcopista y la población participa”, dijo un general que acompañó a Cateriano en la visita a Incahuasi.

La razón es simple: por cada vuelo los narcotraficantes pagan entre 8,000 y 10,000 dólares en “derechos de aterrizaje”.

Humala construyó nuevas bases en la selva, compró 24 helicópteros rusos Mi-171 de transporte militar como el del ministro y firmó un acuerdo con Francia para adquirir un satélite de vigilancia que, según el gobierno, permitirá localizar pistas clandestinas, cultivos de coca y laboratorios.

Además, el presidente analiza reanudar las intercepciones aéreas, abandonadas en el 2001 tras el derribo por error de una avioneta en la que viajaba una misionera estadounidense y su bebé de siete meses. A raíz de ese incidente, Washington suspendió su apoyo a ese tipo de operaciones en Perú.

El terreno ya está siendo preparado, como sugiere la compra este año de nuevos radares para mejorar el control del espacio aéreo sobre el VRAEM.

“Perú es un país soberano y debe hacer uso de todos los medios para combatir el narcotráfico”, dijo a Reuters el jefe de la agencia antidrogas Devida, Luis Otárola.

“No tengo duda que se va a retomar la intercepción aérea”.

Según documentos del ministerio de Defensa obtenidos por Reuters, la ofensiva contra el narcotráfico incluye también la construcción de un aeródromo cerca a la base militar de Pichari, el centro de operaciones de la zona al noroeste de Incahuasi.

Y aunque oficialmente el objetivo es mejorar las comunicaciones con esta aislada región del sur del país, los residentes temen que un aumento de las acciones militares los deje atrapados entre dos fuegos. Un ataque con un helicóptero Mi-35 ya dejó un muerto a fines del año pasado.

“Tenemos como aliado al Ejército, pero lo que necesitamos es desarrollo, carreteras y energía eléctrica”, dijo Masías, el dirigente campesino de Incahuasi.

“Solo así habrá paz en nuestras comunidades”, afirmó.