AFP.- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en “abandono del cargo” al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia determinó que carece de facultad para destituirlo.

La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.

“Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”, anunció el jefe del Legislativo, Julio Borges, al leer el acuerdo desde la tribuna del hemiciclo.

Según la extensa declaración, “Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela” y está “al margen de la Constitución” por provocar “devastación económica”, “ruptura del orden constitucional” y “violentar los derechos” de los venezolanos.

Pero poco antes de la sesión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, publicó una nota para aclarar que la Asamblea “no tiene facultad para destituir” al presidente Maduro, quien, añadió, está “en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.

Presión a la caldera
En una agitada sesión, los opositores acusaron a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una crisis sin precedentes, con una escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo -475% en 2016 según el FMI- y una criminalidad desbordada.

“Esto es un gobierno fallido por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera”, advirtió el exjefe del Parlamento, el férreo antichavista, Henry Ramos Allup, en la tribuna de oradores.

El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó la iniciativa como un “acto de insensatez e irracionalidad”.

“Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más”, dijo el diputado chavista Pedro Carreño en el hemiciclo.

Según la ley, si el Parlamento declara “falta absoluta” del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.

La semana pasada, Maduro nombró vicepresidente a un “chavista radical” -como él mismo se define-, Tareck El Aissami, de 42 años, a quien puso al frente de un “comando” contra supuestos planes “golpistas” de la oposición.

El muro judicial
La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la oposición intentó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio -suspendido por el poder electoral-, se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato, en enero de 2019.

Analistas han advertido del enorme muro con que reiteradas veces se ha estrellado la oposición: el TSJ, que declaró hace cinco meses en “desacato” al Parlamento y nulas todas sus decisiones, en el clímax de un duro choque de poderes.

Para el constitucionalista José Ignacio Hernández mientras el TSJ desconozca al Parlamento “ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones”, advirtió.

“Para ser efectiva (la declaración de “abandono del cargo”) debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta”, afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).

Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, “abandonar el cargo no es ejercer mal” las funciones, sino “dejar de ejercer el poder” y eso no ocurre en Venezuela.

En diciembre, la Asamblea declaró la “responsabilidad política” del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y, de todas formas, el TSJ anuló esa decisión.

Analistas estiman que la oposición, dividida en torno a un diálogo que mantiene suspendido con el gobierno, debe concentrarse en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año y en recuperar el apoyo popular perdido tras fracasar el referendo.