(Reuters) El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, debatía el miércoles la remoción de los magistrados del tribunal supremo que firmaron dos sentencias arrogándose funciones legislativas, generando protestas y exhortos internacionales a respetar la democracia.

Pero, aunque fuera aprobada en el Congreso, la iniciativa para destituir a los jueces no prosperaría porque el proceso subsecuente depende de otros poderos públicos alineados con el presidente Nicolás Maduro.

La crisis política en Venezuela se agudizó la semana pasada cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó facultades del Parlamento, una decisión que finalmente fue criticada por el propio Maduro y revertida parcialmente.

Miles de opositores salieron el martes a las calles a protestar asegurando que, a pesar del recule de la Justicia, existe en Venezuela una “dictadura” que apresa disidentes, viola derechos humanos y cercena al Congreso.

“El golpe de Estado sigue”, denunció el diputado opositor Henry Ramos, al opinar sobre las sentencias modificadas.

“Con el respaldo del alto mando militar han perpetrado el auto golpe de Estado continuado del que tenemos que zafarnos protestando enérgicamente”, agregó al intervenir en el debate.

Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez por las que la oposición culpa a Maduro. Pero el mandatario de 54 años dice que son sus adversarios los responsables por llevar a cabo una “guerra económica” contra su administración socialista.

Para la sesión del miércoles, la mayoría de los diputados llegó al hemiciclo de madrugada buscando garantizar el debate que en la víspera tuvo que ser suspendido porque la policía y grupos de choque que apoyan al Gobierno les impidieron el paso.

La oposición convocó nuevamente a sus huestes a salir el jueves las calles para presionar por la libertad de un centenar de presos políticos y la convocatoria a elecciones generales.