(Reuters).- El Gobierno de Venezuela ocupó hoy una cadena local de supermercados acusándola de acaparar alimentos para generar colas que, según el presidente Nicolás Maduro, son parte de un complot para multiplicar el descontento en el país.

Las largas filas de venezolanos a la caza de productos escasos como carne o leche se han convertido en el paisaje habitual del país petrolero sumido en una recesión, agravada por la alta inflación y la caída de los precios del crudo, de donde proviene el grueso de sus ingresos en divisas.

Maduro ordenó en la víspera la detención de los directivos y dueños de una empresa de alimentos por estar inmiscuidos en una supuesta “guerra alimentaria”. No obstante, se reservó el nombre de la cadena, generando una ola de especulaciones.

Pero el martes, el presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del gobierno, Diosdado Cabello, oficializó la toma temporal de toda la cadena de distribución y comercio de “Día a Día”, una red de casi 40 supermercados con presencia en las zonas humildes del país.

“En la inspección que hemos hecho, hemos encontrado productos que desde hace mucho tiempo no vemos”, dijo Cabello a la televisora estatal, desde el mayor centro de distribución de la red, ubicado en una zona industrial al oeste de Caracas.

“Hemos llegado por denuncias (…) de colas de venezolanos en las distintas tiendas”, agregó.

Serán ocupadas las 35 tiendas de la red repartidas en seis estados del país petrolero.

La empresa no pudo ser contactada de inmediato por Reuters para confirmar los hechos.

La ocupación temporal de un activo, según la ley venezolana, puede ser revertida para que este vuelva a manos de los dueños originales o puede ser el paso previo a una expropiación.

En la mañana del martes, las tiendas de la red mostraban mostradores vacíos y colas de compradores resguardados por efectivos de la policía militar.

Cabello agregó que en la inspección contabilizaron unas 2,500 toneladas de productos escasos como aceite y harina de maíz, en su mayoría marca Polar, la mayor procesadora de alimentos del país y un continuo objetivo de las críticas del Gobierno que la acusa de buscar la salida de Maduro.

Los empresarios privados se defienden de estos señalamientos asegurando que tres lustros de controles de precios y cambio, y olas de intervenciones y expropiaciones, han cercenado la producción local y hacen engorrosa la importación de bienes terminados y materias primas clave.

Además, alegan que es virtualmente imposible acaparar productos, pues el Estado controla las cadenas de distribución y venta a través de unas “guías de movilización” que los organismos gubernamentales deben girar a los privados antes de sacar la producción desde las plantas a los comercios.