Entre el lunes y el miércoles de esta semana, la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía ha desactivado tres granadas, una de ellas le costó la vida a un efectivo.

Las primeras investigaciones arrojan que un grupo de delincuentes colocó dos de estos proyectiles en el frontis de un colegio de Villa El Salvador para asustar al director del plantel a quien venían extorsionando.

Ante este panorama, el Ejecutivo debate la posibilidad de presentar un proyecto de ley para que delitos como el lanzamiento o colocación de una granada sea tipificado como un acto terrorista.

Economía vs. inseguridad
¿Qué tiene que ver la inseguridad ciudadana con la desaceleración económica del país? Mucho, según el economista de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Mathews.

“Una de las cosas que frenan la inversión es la inseguridad ciudadana, y esta tiene que ver con la desaceleración que solo se revertirá en la medida que recuperes los niveles de inversión”, apuntó.

El auge de la delincuencia en el país abarca todos los campos, más aún el económico, destacó.

Mathews declaró a Gestión que el costo de no enfrentar la inseguridad le representa al país la suma de un aproximado de US$ 22.8 mil millones.

“Si nosotros fuéramos capaces de controlar la inseguridad ciudadana con un personal calificado, con sanciones fuertes que disuadan a los criminales, entonces el resultado sería que la economía crecería medio punto más del PBI y esto equivale a que el Perú exportara el doble de minerales”, subrayó.

Para un mayor detalle, el especialista dijo que este año se deben cerrar las exportaciones en unos US$ 38,000 millones, donde el 60% de este monto corresponde a productos mineros.

“Es decir, estamos hablando de un monto que equivale a casi el total de lo que el Perú exporta en minerales”.

El problema también se traduce en sectores como el turismo. Un estudio del Foro Económico Mundial refuerza la preocupación.

¿El negocio de robar?
El economista apunta que los constantes robos no responden a una generación espontánea, sino a una simbiosis entre el crecimiento económico y la falta de severidad para sancionar a los delincuentes.

“El criminal sabe que las probabilidades de que sea atrapado y que le den una sanción es baja, entonces le resulta un buen negocio robar”, subrayó.

Comentó que pese a la desaceleración económica, “la gente tiene plata, lo que no se daba en la década de los 80, entonces hay a quién robar”.

Qué dice el Congreso
Los congresistas del PPC, de Fuerza Popular (FP) y Gana Perú (GP) reflexionaron sobre la inseguridad y coincidieron en que el Ejecutivo no debe tardar en tomar acciones.

Juan Carlos Eguren (PPC) considera que el Ejecutivo es el indicado para ver si tipifica ciertas acciones delincuenciales como terrorismo. “Debe tenerse en cuenta que el trámite parlamentario implica mucho tiempo”, mencionó a Gestión.

Mientras tanto, Pedro Spadaro, de FP, refirió que “el uso de armas de guerra es un agravante que lo convierte en una acción de terrorismo”.

Agregó que más allá de la discusión legal habría que preguntarle al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, si los fiscales van a enmarcar este delito como terrorismo. “No se hará nada sacando las leyes cuando el Poder Judicial no las va a respetar”, indicó.

Por su parte, Teófilo Gamarra (GP) dijo que podría hablarse de un “terrorismo urbano” propiciado por los extorsionadores.

“Como bancada, en algún momento podemos plantearlo”, puntualizó.

Sobre esta discusión, el exministro de Defensa Roberto Chiabra anotó que los peruanos no podemos perder la memoria.

“La extorsión con uso de explosivos es un atentado terrorista que merece la cadena perpetua”, subrayó.

Finalmente, el sistema de justicia, formado por el Poder Judicial, Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se comprometió de actuar con mayor eficiencia y rigurosidad frente al tema de la seguridad ciudadana.

No obstante, hicieron un pedido de mayor presupuesto para esta tarea. ¿Delincuencia o terrorismo
El jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, comentó que se han recogido los puntos de vista del ministro del Interior, José Pérez Guadalupe; y de Justicia, Gustavo Adrianzén.

Mientras el primero pide un debate sobre el tema, Adrianzén anota que este no puede calificarse como un acto de subversión.

“En su debido momento aprobaremos, luego de una democrática discusión, lo más conveniente para el país desde el punto de vista legislativo”, expresó.

Cateriano hizo esta precisión al recordar que el Ejecutivo se encuentra prácticamente “en la recta final” del plazo otorgado por el Parlamento para la emisión de estos decretos, por lo que –adelantó– se sigue trabajando en ello y los días venideros “serán de ardua labor”.