Reuters.- Donald Trump defendió el domingo su decisión de decretar restricciones de viaje contra refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y dijo que Estados Unidos retomaría la emisión de visas para todas las naciones en 90 días, en medio de multitudinarias protestas en varias ciudades.

Trump firmó la orden el viernes, pero la norma parecía cambiar con el correr de las horas. Demócratas y un creciente número de republicanos criticaron la decisión. Quienes se oponen dicen que el decreto del magnate viola la ley y la Constitución.

En las afueras de la Casa Blanca, donde está parte del escenario en el que se desarrolló el acto de toma de posesión de Trump el 20 de enero, miles de personas se quejaron portando carteles con consignas como “Deporten a Trump” y “El miedo es algo terrible para el corazón de una nación”.

Decenas de miles de manifestantes protestaron en ciudades y aeropuertos en Nueva York, Los Angeles, Boston, Houston, Dallas, entre otros lugares.

En la medida de mayor alcance desde que asumió el poder, Trump suspendió por 120 días la entrada de refugiados al país y prohibió indefinidamente el arribo de sirios y vetó por 90 días a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

“Esto no es una sanción a los musulmanes, como la prensa está reportando falsamente”, dijo Trump el domingo en un comunicado. “Esto no se trata de religión, esto se trata del terrorismo y mantener seguro a nuestro país. Hay más de 40 países de mayoría musulmana en el mundo que no se han visto afectados por esta orden”.

“Volveremos a emitir visas a todos los países una vez que nos aseguremos haber revisado e implementado políticas más seguras en los próximos 90 días”, agregó.

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo a la cadena NBC que el decreto “no afecta hacia adelante a quienes tengan una ‘green card’”, pero destacó que estas personas pasarían por nuevos interrogatorios cuando intenten reingresar al país.

Al ser consultado sobre por qué en la lista no aparecían Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán y Egipto, Priebus dijo que “a lo mejor hay que agregar más países”.

Grupos de derechos humanos y activistas anunciaron que pelearán contra el decreto, que ha provocado caos y confusión en aeropuertos de todo el mundo.

“Nuestro país necesita fronteras fuertes y vetos radicales. AHORA. Miren lo que ha pasado en toda Europa y en el mundo: ¡Un desastre horroroso!”, escribió Trump en Twitter más temprano el domingo. “Los cristianos de Oriente Medio son ejecutados en masa ¡No podemos permitir que este horror continúe!”.

Estados Islámico ¿Beneficiado?
El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, criticó el decreto. “Es importante recordar que algunos de nuestros mejores recursos en la guerra contra el terrorismo radical son los musulmanes, tanto en este país como en el exterior (…) Necesitamos ser cuidadosos al hacer esto”, dijo el senador al programa “This Week” de la cadena ABC.

El también senador republicano John McCain fue más severo, al decir que los decretos aprobados activaron un confuso proceso que podrían dar al grupo extremista Estado Islámico material de propaganda.

Las condenas a las prohibiciones también llegaron desde el exterior, incluyendo a aliados tradicionales de Estados Unidos.

En Alemania, que ha recibido a gran cantidad de personas que huyen de la guerra en Siria, la canciller Angela Merkel dijo que la lucha global contra el terrorismo no esa excusa para las restricciones y “no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada sólo por su origen o su fe (religiosa)”.

Un juez federal de Brooklyn, en Nueva York, invalidó preliminarmente los decretos en un fallo emitido el sábado por la noche. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a dos iraquíes que se vieron afectados por la orden mientras intentaban ingresar a Estados Unidos, presentó exitosamente sus argumentos para una estadía temporal.

El dictamen no revierte la orden de Trump, pero evita que quienes ya ingresaron a Estados Unidos sean deportados. Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, dijo en una entrevista con la cadena CNN que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.

Por separado, un grupo de fiscales estatales discutían la posibilidad de presentar sus propias demandas contra las restricciones de Trump, dijeron funcionarios de tres estados a Reuters. Otras organizaciones evalúan demandas constitucionales alegando discriminación religiosa.