Washington (AFP).- Donald Trump removió del cargo a la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, quien había ordenado a su equipo a no defender el polémico decreto del presidente que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.

El mandatario también reemplazo al jefe interino de Migración y Aduanas Daniel Ragsdale.

Yates había detonado una verdadera crisis institucional al enviar una carta a su equipo con serias dudas sobre la legalidad y la moralidad del decreto firmado por Trump el viernes.

“No estoy convencida de que el decreto sea legal”, escribió Yates a sus subordinados.

Yates estaba al frente del Departamento de Justicia desde la renuncia de Loretta Lynch, y debeía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme a Jeff Sessions al frente de la cartera.

En una nota oficial de tono inusualmente agresivo, la Casa Blanca afirmó que Yates “traicionó el departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”.

Trump designó al Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo hasta la confirmación de Sessions, partidario de aplicar “mano dura” contra los inmigrantes ilegales y cuya designación abordará el martes la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.

Boente prometió defender el decreto de Trump, el que dijo que era “legal tanto de forma como de contenido”, por lo que rescindió las directivas de Yates e instruyó a sus subordinados “a cumplir con nuestra obligación y defender el decreto legal de nuestro presidente”.

También se anunció la designación de Thomas Homan al frente de la agencia de Migración y Aduanas en lugar de Ragsdale. No se anunciaron los motivos del reemplazo de Ragsdale, también heredado del gobierno de Obama.

Homan ayudará a “asegurar la aplicación de nuestras leyes de inmigración dentro de Estados Unidos, en consonancia con el interés nacional”, dijo el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en un comunicado.

Estos despidos constituyen el último capítulo de la polémica de alcance global que causó el decreto promulgado por Trump el viernes.

El decreto suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Influyentes legisladores del propio partido de Trump, el Republicano, ya expresaron su frontal rechazo al decreto y la forma en que la Casa Blanca trató la cuestión.

En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, Fiscales Generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida de Trump.