(Bloomberg) Si la prohibición del presidente Donald Trump contra quienes viajen desde los siete países de mayoría musulmana se salva luego de ser analizada o es desechada por los tribunales de justicia, él aún cuenta con un vasto arsenal legal que tiene a su disposición para poner límites a la inmigración y para deportar a millones de indocumentados.
La ley confiere al presidente amplia autoridad sobre las cuestiones inmigratorias, dijo Austin Fragomen, cuyo estudio con sede en Manhattan, Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, es el mayor de los estudios jurídicos de los Estados Unidos dedicado a la inmigración. Trump no ha perdido el tiempo en emplear sus poderes.
La orden ejecutiva de Trump del 25 de enero que lleva por título “Mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos”, firmada dos días antes de su decreto de prohibición de viajar, podría dar lugar a que cientos de miles, o millones de inmigrantes sean deportados, según Kelly Lytle Hernández, historiadora de la Universidad de California, Los Ángeles, especializada en el tema de la inmigración.
La orden instruye a las agencias federales a dar estricto cumplimiento a las leyes inmigratorias y promete retener fondos federales a aquellas jurisdicciones que no las cumplan.
“Vivimos en una nueva realidad y esta orden es el comienzo”, dijo Hernández, una crítica de Trump. “Pronto podríamos empezar a ver desaparecer a nuestros vecinos”.
El Departamento de Seguridad Nacional supervisa casi dos docenas de agencias que determinan quién entra y quién sale de los Estados Unidos, entre ellas los Servicios de Control de Inmigración y Aduanas, de Protección Fronteriza y de Aduanas y de Ciudadanía e Inmigración, y tiene un presupuesto anual de US$ 41,000 millones y más de 229,000 empleados.
Trump tiene amplio criterio para decidir cómo usar el dinero y los empleados según considere conveniente, sin solicitar la aprobación del Congreso.
Una mayor fuerza
El presidente quiere robustecer esa fuerza, diciendo que va a contratar a 10,000 agentes más y que utilizará a la policía local y estadual como funcionarios de inmigración.
Como parte de la orden ejecutiva, Trump prometió despojar de fondos de las llamadas ciudades santuarios que se niegan a cooperar con las duras medidas. Varios fiscales generales del estado han prometido luchar contra esa iniciativa.
“Él puede esencialmente dar rienda suelta a los funcionarios del ICE, para hacer cumplir las órdenes como quieran”, dijo Cristina Rodríguez, profesora de la Facultad de Derecho de Yale, refiriéndose al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
La orden del 25 de enero de Trump es parte del compromiso que hiciera en su campaña deadoptar duras medidas contra la inmigración. La orden dice que muchos indocumentados, o aquellos que violan los términos y condiciones de sus visas, “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública”.
Los partidarios de las políticas de Trump sostienen que los Estados Unidos han permitido el ingreso ilegal de muchos inmigrantes, lo que ha derivado en la pérdida de puestos de trabajo de los ciudadanos y en olas de delincuencia.
Según los expertos en inmigración, la gran mayoría de la gente ilegal en el país no tiene antecedentes penales y cometen relativamente pocos delitos.
Trump también podría ampliar el traslado acelerado, permitiendo la deportación inmediata de aquellas personas sin la documentación adecuada que se encuentren dentro de 100 millas de la frontera y a menos de dos semanas de su ingreso, dijo Rodríguez.
Eso reduciría al mínimo el costo de los centros de detención y aumentaría el número de personas deportadas sin pasar por una audiencia.
Pero probablemente se enfrentaría a desafíos en los tribunales de justicia. “No es claro que eso sea constitucional”, agregó Rodríguez.
