El diario estadounidense The Washington Post publicó ayer un análisis sobre la sombría situación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la anunciada “reforma radical” de esta institución del Estado:

La noticia de que un “escuadrón de la muerte” dentro de la policía peruana había estado asesinando presuntos delincuentes generó indignación por considerarse una violación a los derechos humanos.

Pero quizás aún más perjudicial para una institución ampliamente considerada por la población como incapaz y corrupta (incluyendo colusión en tráfico de cocaína), fue constatar que algunas de sus operaciones más recientes y espectacularmente exitosas habían sido montadas.

En total, 27 presuntos sospechosos murieron en “tiroteos” entre el 2012 y 2015 durante histriónicos operativos protagonizados por miembros de las fuerzas especiales de la policía (en los que ningún agente resultó herido) contra bandas armadas que estaban supuestamente a punto de perpetrar secuestros y robos. Las fotos de los cuerpos que yacían en las calles eran portadas en todos los diarios.

Pero según los investigadores, algunos de estos presuntos delincuentes murieron a causa de disparos por la espalda a corta distancia, sin que las víctimas hayan disparado un tiro. Y algunos de esos secuestros y robos “aparentemente inminentes” fueron producto de la imaginación de los agentes.

Es poco probable que el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el cargo en julio (solo cuatro días después de que se conocieran estas revelaciones) tenga alguna duda de que la policía necesita urgentemente una reforma.

La sombría reputación de la policía nacional se ve reforzada por la experiencia de primera mano que han vivido los ciudadanos de a pie con dicha institución; las intervenciones por infracciones de transito resultan de forma rutinaria en peticiones de sobornos. Por su parte, las víctimas de la delincuencia con frecuencia no se molestan en denunciar los delitos para evitar empeorar un mal día con una burocracia sin fin y agentes que no hacen ningún esfuerzo por encontrar al criminal.

De acuerdo con un estudio publicado esta semana por la encuestadora Ipsos, la policía inspira “desconfianza” en el 65% de los peruanos, “vergüenza” en el 51% y “miedo” en un 47%.

Quizás no es de extrañar que Kuczynski, un tecnócrata de centro, y su ministro del Interior, Carlos Basombrio, hayan estado hablando de una reforma radical de la policía, empezando por el despido de 39 de los 86 generales de la policía peruana a principios de este mes.

Aunque Basombrio tuvo cuidado al evitar acusar de irregularidades a los oficiales despedidos (en su lugar, habló de “modernización”), la respuesta de un general dio pistas del porqué se habría prescindido de sus servicios. “Basombrio es un sociólogo y un defensor de los derechos humanos”, dijo el ex general Máximo Ramírez, agregando que el ministro “no sabe nada” sobre el trabajo policial.

Sin embargo, esos despidos son solo el comienzo. Luego vendrá una revisión de toda la plana policial, incluyendo pruebas de polígrafo obligatorias y una declaración jurada de cada oficial sobre sus propiedades y cuentas bancarias. Basombrio también se ha comprometido a aumentar los bajísimos salarios de la policía, mejorar la formación, y poner los contratos externos en manos de personal civil.

Una persona que da una cautelosa acogida a estos cambios es Richard Ortega, secretario general del sindicato policial. “Cualquier conversación sobre cómo mejorar la policía tiene que partir de reconocer la triste y vergonzoso realidad que hay corrupción sistémica y muy arraigada”, dijo a The Washington Post.

Basombrio también ha contratado como consultor al prestigioso ex jefe de la policía de Colombia, Oscar Naranjo. Naranjo es un defensor de la policía comunitaria y ha criticado la tendencia de depender de la fuerza sobre el trabajo de investigación como un vestigio del pasado autoritario de América Latina.

Ahora, la prueba de fuego para la reforma será probablemente la evolución de las actitudes de los ciudadanos hacia los hombres y mujeres cuyo trabajo, en teoría, es servir y proteger.

“Ese es el problema más difícil de resolver”, dijo Carlos Rivera, abogado de derechos humanos. “Esa sensación de que la policía es corrupta e inútil, o incluso está de lado de los ladrones, no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana”.