(Reuters) El Gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, espera que un juez federal recomiende su remoción por una trama de financiamiento ilícito de su campaña, pero cree que puede evitar una decisión final del máximo tribunal electoral de Brasil hasta después de que termine su gestión en el 2018, dijeron asesores.

Si Temer logra detener el proceso podrá seguir adelante con las reformas fiscales y las políticas de austeridad que han hecho avanzar a la moneda y las acciones de Brasil, eso aumentará la chances de la mayor economía de Latinoamérica de salir de una profunda recesión de dos años en el 2017.

El caso ante el Supremo Tribunal Electoral (TSE) señala que fondos procedentes de prácticas ilícitas y de sobornos fueron usados en la campaña electoral del 2014 en la que Temer postulaba como compañero de fórmula de la entonces mandataria Dilma Rousseff, quien fue destituida el año pasado tras un amargo juicio político.

Nueva evidencia fue entregada el miércoles por el encarcelado ex presidente ejecutivo del mayor grupo constructor de Brasil, Marcelo Odebrecht, quien confirmó al juez federal que maneja el caso que su compañía realizó pagos ilegales a la campaña de Temer y Rousseff.

Ahora se espera que el juez Herman Benjamin presente sus recomendaciones sobre el caso en las próximas semanas, de acuerdo a asesores de la presidencia.

Si el magistrado recomienda la remoción del mandatario y ese fallo es ratificado por la máxima corte electoral, Temer podría verse obligado a dejar el cargo y un sucesor elegido por el Congreso tendría que llevar las riendas del país hasta las elecciones de fines del próximo año.

Pero Temer está ganando tiempo y cuenta con posibles apelaciones que podrían alargar el proceso hasta las próximas elecciones, previstas en octubre del 2010, cuando se espera que no se presente como candidato, dijo el jueves un asesor de la presidencia.

“Hay una amplia gama de opciones de apelación. El presidente piensa que esto se arrastrará hasta el 2019”, dijo el asesor, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Expertos legales dijeron que la corte está compuesta por magistrados conservadores que no serían proclives a remover a un presidente, pero que eso podría cambiar si la recesión por la que atraviesa el país continúa y las investigaciones sobre corrupción paralizan al Gobierno.