Brasilia, (AFP).- Entre lágrimas, gritos y referencias a Dios, el Senado brasileño se adentró en el debate final antes de decidir este miércoles si destituye a Dilma Rousseff, un desenlace que todos ya dan por sentado en Brasil.

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“El impeachment es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave”, señaló la abogada de la acusación, Janaina Paschoal.

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“Fue Dios quien hizo que, en el mismo momento, varias personas percibieran lo que sucedía en el país”, añadió esta abogada en sus argumentos para probar que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al manipular las cuentas públicas y que por eso debe dejar la presidencia.

Pero el abogado defensor de la presidenta, el exministro José Eduardo Cardozo, destacó que una destitución de Dilma Rousseff, sería “una pena de muerte política”.

Tan dramático ha sido este juicio en Brasil, que durante las sesiones de este martes, tanto el abogados de defensa como de la acusación, lloraron.

“Canallas, canallas, canallas”, disparó el senador Roberto Requião, del PMDB y defensor de Dilma Rousseff, haciendo referencia al golpe de Estado contra Joan Goulart en 1964.

Combativa, serena y por momentos sonriente, la presidenta brasileña se defendió la víspera durante más de 14 horas, en una sesión histórica en la que que reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de un “golpe” para reemplazarla hasta fines de 2018.

“No acepten un golpe que en vez de solucionar, agravará la crisis brasileña”, pidió Dilma Rousseff al pleno de 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado.

“Pido que voten contra el impeachment”, exhortó durante la sesión que sacó a la luz todos los problemas que afectan a la sociedad brasileña: una crisis económica galopante y una corrupción endémica.

Tras los alegatos de la acusación y la defensa, debaten los senadores en una sesión que promete durar horas. Una vez finalizadas las deliberaciones, los senadores decidirán este miércoles si Dilma Rousseff es condenada.

- Resistir –

Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo el 12 de mayo y asumió de forma interina su exvicepresidente Michel Temer. Si todo sale tal como pronosticaron los sondeos, será este político conservador, de 75 años, enemigo acérrimo de Dilma, quien se convertirá en presidente de Brasil.

Para ello, se requiere el voto de 54 senadores.

El “impeachment” probablemente cerrará cuatro ciclos en el poder del emblemático Partido de Trabajadores (PT), referencia regional de la izquierda.

Un final trágico para esta organización nacida en los años 80 por movimientos sindicales liderados por Lula y conocido en el mundo por exitosos programas sociales que lograron a sacar a millones de la pobreza.

Y también para esta exguerrillera de 68 años, curtida de batallas, que gobierna Brasil desde 2010 y que heredó un país en pleno boom económico, motor de crecimiento en la región.

En esos años dorados, el país fue elegido para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Pero su imagen ha sufrido un fuerte desgaste a la par del deterioro de la economía, el crecimiento brutal del desempleo y la inflación.

Las revelaciones de una trama delictiva en torno a Petrobras, que le costaron a la petrolera más de 2.000 millones de dólares, fueron la gota que derramó el vaso.

Y alcanzaron al PT y a su histórico líder, el expresidente Lula, considerado su padrino político, quien también se encuentra inculpado e investigado por varios casos de corrupción y obstrucción de la justicia.

- Dudas sobre el Senado –

Los escándalos salpican a toda la clase política y a la élite brasileña.

En este juicio político emergieron más que nunca las interrogantes sobre la legitimidad que puede tener este Senado para emitir un veredicto, cuando tiene a más de la mitad de sus miembros involucrados o investigados por casos de corrupción.

Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar las cuentas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015.

Su defensa aduce que las prácticas cuestionadas también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.

La oposición argumenta que eso precipitó la crisis del país.

“No esperen de mí el silencio de los cobardes”, dijo Rousseff durante su presentación en el Senado.

Su lucha fue casi en solitario. De la amplia coalición que heredó, uno a uno la fueron abandonando. Si es condenada, la presidenta abandonará la presidencia con una popularidad de 13%.