Reuters.- La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo ante el Senado que el futuro de Brasil está en juego en su juicio político porque la oposición conservadora está usando cargos inventados para destituirla y retrotraer los avances sociales logrados en los últimos 13 años en el país.

La líder de izquierda, que se presentó en el Senado para defenderse de acusaciones en su contra por violar leyes presupuestarias en un proceso que podría terminar con su destitución definitiva esta semana, señaló que la elite económica y la oposición política brasileña habían buscado desestabilizar su Gobierno desde su reelección en 2014.

Rousseff negó los cargos y denunció el proceso de juicio político, que lleva nueve meses y paralizó la política del país, como un complot para derrocarla y proteger los intereses de las clases privilegiadas de Brasil, incluida la privatización de activos públicos como reservas masivas de petróleo subsal.

“Lo que estamos a punto de presenciar es una violación grave de la Constitución y un verdadero golpe de Estado”, remarcó Rousseff, quien advirtió que un Gobierno conservador reduciría drásticamente el gasto en programas sociales, revirtiendo los avances de la última década en la lucha contra la pobreza.

“El futuro de Brasil está en juego”, agregó.

Varios cientos de seguidores gritaron “Dilma, guerrera de la nación brasileña” en las afueras del Congreso cuando llegó el vehículo que la trasladó.

Una profunda recesión que muchos brasileños le achacan a su Gobierno y un gigantesco escándalo de corrupción que involucra a la petrolera controlada por el Estado Petrobras minaron la popularidad de Rousseff desde que fue reelecta.

Su vicepresidente, Michel Temer, está ejerciendo como presidente interino desde mediados de mayo, cuando Rousseff fue suspendida luego de que el Senado decidió avanzar con el proceso de juicio político que comenzó en la Cámara baja.

El Senado tiene previsto votar el martes o el miércoles temprano si decide condenar a Rousseff y removerla de su puesto. Si es destituida, Temer continuaría oficialmente como líder de Brasil durante el resto del mandato, que se extiende hasta el 2018.

El Gobierno afín al mercado de Temer, de 75 años, se comprometió a aplicar impopulares medidas de austeridad para frenar el enorme déficit fiscal que llevó a Brasil a perder la calificación de grado de inversión el año pasado.

En una apelación a los senadores aún indecisos, Rousseff, de 68 años, apuntó a su lucha de toda la vida a favor de la democracia, desde su arresto y tortura bajo la dictadura militar en el país hasta su elección como primera presidenta mujer de la potencia sudamericana.

Los números en contra

Veinte de los ex ministros de su Gabinete se encontraban entre los senadores que respaldan a Rousseff, junto con su mentor político y antecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores al que ambos pertenecen.

Con los números en contra, el testimonio de Rousseff pareció apuntar más a dejar escrito en los libros de historia que su juicio político fue una farsa, que a intentar convencer al Senado compuesto de 81 bancas que impida su destitución.

Temer confía en que cuenta con los dos tercios de la cámara necesarios para remover a Rousseff, y planea dar un discurso a la nación el miércoles, antes de viajar a China para asistir a la cumbre del Grupo de las 20 economías líderes del mundo (G-20).

“Necesitamos 54 votos y esperamos tener al menos 60”, dijo a Reuters el portavoz de Temer, Marcio de Freitas, quien agregó que cuantos más votos reciba Temer, más fuerte será su mandato para tomar las medidas difíciles necesarias para restablecer la confianza en la economía brasileña, que lleva dos años en recesión.

Rousseff está acusada de usar dinero de bancos estatales para aumentar el gasto durante un año electoral en 2014. La mandataria dice que el dinero no tuvo impacto en los niveles generales de déficit y que fue devuelto por completo al año siguiente.

Un sondeo publicado por el diario O Estado de S.Paulo el lunes mostró que 53 senadores votarían en contra de Rousseff y apenas 19 a su favor, nueve menos de los 28 que necesita para evitar ser destituida. Nueve miembros del Senado no han dado a conocer su posición.