(AFP) La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, descartó tajantemente la posibilidad de renunciar a su cargo y aseguró además que sería “un gran orgullo” tener a su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva en su gabinete, en declaraciones pronunciadas en momentos que éste es investigado por corrupción.

La mandataria declaró antes de un fin de semana crucial para su futuro: por un lado el partido aliado PMDB (centro) debatirá el sábado si se desliga finalmente del gobierno y, por otro, una manifestación opositora saldrá a las calles el domingo para pedir la salida de Rousseff.

“No tengo ningún interés en renunciar, no me resigno. Nadie tiene derecho de pedir la renuncia de un cargo de presidente legítimamente electo sin dar pruebas de que haya violado la Constitución”, afirmó Rousseff, cuya popularidad se ubicó en un bajo 11%.

La mandataria respondió así al presidente del opositor partido socialdemócrata PSDB Aecio Neves, quien señaló esta semana que en un “gesto magnánimo” Rousseff debía renunciar.

“Perdió las condiciones mínimas para gobernar y permita con su renuncia que Brasil inicie una nueva etapa en su historia”, indicó Neves, derrotado por Rousseff en las últimas elecciones presidenciales.

Rousseff enfrenta en el Congreso un proceso de impeachment por el supuesto maquillaje de las cuentas públicas y además espera que la máxima corte electoral decida sobre la denuncia de financiación ilegal que habría tenido su campaña a la reelección.

Todo esto en momentos en que el país se encamina a su peor recesión en un siglo.

Absurdo
Los episodios ante la justicia de Lula, ícono de la izquierda brasileña y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), dan una nueva dimensión a la crisis.

El exmandatario ya fue llevado por la fuerza a declarar hace una semana por el caso Lava Jato que desde la ciudad de Curitiba investiga la trama de corrupción tejida en la estatal Petrobras.

Por otro lado, fiscales de Sao Paulo lo denunciaron esta semana por ocultar patrimonio, lavado de dinero y dar información falsa al no declarar un lujoso apartamento de tres pisos que sospechan es de su propiedad, aunque legalmente pertenece a la empresa constructora OAS involucrada por su parte en el megafraude a la petrolera.

La fiscalía paulista solicitó incluso su detención provisional en este caso, generando el repudio de la izquierda en el poder e incluso de la oposición.

Este pedido “sobrepasó todos los límites”, consideró Rousseff. “Es un acto que sobrepasa el sentido común y es un acto de injusticia. Es un absurdo que un país asista calmadamente a un acto así contra un líder responsable de grandes transformaciones”, cuestionó.

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa, expresaron su apoyo al expresidente brasileño.

“Si lo meten preso, Lula va a ser tan grande como Nelson Mandela”, lanzó Maduro. “Lula es un guerrero y vencerá esta nueva canallada”, expresó Correa.

Gran orgullo
Rousseff habló por primera vez sobre la posibilidad de que Lula entre a su gabinete, una hipótesis que sonó con fuerza esta semana entre la prensa y los corredores políticos.

Como ministro quedaría automáticamente aforado ante la justicia, aunque Rousseff no adelantó si lo nombraría en algún cargo.

“Sería un gran orgullo tener al presidente Lula en mi gobierno porque es una persona con experiencia, gran capacidad política”, declaró la mandataria.

Según versiones de prensa, Lula habría rechazado este nombramiento pues al entrar en el gobierno en condición de investigado se leería como una confesión de los crímenes que se le atribuyen.

Pero, por otro lado, su llegada al gabinete daría combustible al gobierno en medio de la crisis.

“Es indudablemente una figura importante, con un peso todavía muy grande en la escena política nacional, daría un peso al gobierno en un momento en que está precisando apoyo, fuerza, de liderazgo”, explicó a la AFP el analista político André Cesar de Brasilia.

En medio de todo este panorama que combina recesión económica, un gobierno aislado políticamente y una clase política sacudida por casos de corrupción, una manifestación fue convocada para el domingo por diversos grupos y partidos opositores. La movilización se prevé masiva.

Según últimas encuestas, un 60% quiere un juicio político a la presidenta y casi igual número su renuncia.