Brasilia (AFP).- Dilma Rousseff llamó al Senado a votar contra su destitución e impedir “un golpe de estado” en Brasil, antes de la votación final que probablemente culminará con el fin de la izquierda en el poder del gigante sudamericano.

“Estamos a un paso de una grave ruptura institucional, estamos a un paso de la concreción de un verdadero golpe de Estado”, denunció Rousseff durante su emotiva defensa en el Senado, en el umbral de su juicio político.

“Un golpe que si se consuma, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”, añadió la exguerrillera de 68 años, quien repitió que es “inocente”.

Esta es la primera oportunidad que tuvo la mandataria, suspendida en el cargo desde mayo, de defenderse en el Congreso. Y es la última carta que tiene antes de la votación que decidirá sobre su destitución, probablemente el martes o miércoles.

“Lucho por la democracia, por la verdad por la justicia. Lucho por el pueblo de mi país”, dijo.

Cada vez más aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 30 y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Una biografía épica.
Desde sus tempranos inicios en la política, Rousseff se ganó una fama de firme, severa y también de arrogante y con dificultades para dialogar. Pero desde que fue suspendida del poder en mayo, ha mostrado su lado más humano.

Esta exguerrillera, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil, que fuera torturada durante el régimen militar en Brasil (1964-1985) volvió a sentarse en el banquillo de los acusados 46 años después.

“En la lucha contra la dictadura, recibí en mi cuerpo las marcas de la tortura”, dijo en uno de momentos más emotivos de su discurso.

“Por eso, ante las acusaciones en mi contra en este proceso, no puedo dejar de sentir, en la boca, nuevamente, el gusto áspero y amargo de la injusticia”, destacó y remató: “por eso resisto, al igual que en el pasado”.

Durante la jornada, Rousseff será interrogada por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.

Una vez concluido el interrogatorio, el pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación.

Ese será el punto final de un proceso que remece al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito en una clase política embarrada por escándalos de corrupción.

Los aliados de su vicepresidente y mandatario interino Michel Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden en que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.

La presidenta juega su última carta ante un Senado que tiene al menos un tercio de sus miembros bajo la lupa de la Justicia o ya procesados por casos de corrupción.

Congreso vallado.
Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato en el 2014, el PIB retrocedió y se proyecta una caída de 3.1% este año, el desempleo trepó hasta alcanzar a un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el rojo fiscal estimado supera los 45,000 millones de dólares.

A eso se le sumaron las revelaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), una red política-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2,000 millones de dólares.

Rousseff siempre dijo que el juicio es “un golpe” orquestado por Temer, devenido en su némesis política y el probable presidente de Brasil por los próximos dos años.

Pero ya hace tiempo que la mandataria ha perdido contacto con sus bases. En las afueras, el Congreso ha sido vallado y está custodiado por más de 1,300 policías.

Pero hasta el momento las manifestaciones han sido muy escasas.

“Esto ha sido una persecución contra el PT, Dilma y el pueblo brasileño”, afirmó Marlene Bastos, una profesora jubilada de 65 años.

Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar las cuentas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015.

Su defensa aduce que las prácticas cuestionados también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.

Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño. El otro fue Fernando Collor, pero dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio.