El exparlamentario Rafael Rey y el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, enviaron una carta a la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso solicitando que el expresidente de la República, Ollanta Humala, y su exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sean acusados constitucionalmente debido a que traban el proceso para obtener licencias para portar armas.
El documento recuerda que el 2015 fue publicada la ley 30299, ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
Esta norma dispuso en el artículo 7° respecto a las condiciones para la obtención y renovación de licencias para el uso de armas que las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben expresar los motivos para el uso del arma de fuego para el caso de defensa personal.
El D.S. N° 008-2016-IN, publicado el 06 de julio del presente año, Reglamento de la ley 30299, indica en el artículo 7° como condición para obtener la licencia de uso en la modalidad de defensa personal, expresar los motivos y sustentar documentariamente de la solicitud.
“Además de expresar los motivos para el uso de arma de fuego para defensa personal, el reglamento ilegalmente amplia esta facultad, solicitando se sustente documentariamente los motivos de esta petición”, subraya el pedido firmado por Rey y Rospigliosi.
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Agrega que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –*SUCAMEC*- viene rechazando estas solicitudes, constituyéndose en una clausula abierta a discreción del funcionario, al solicitar la presentación de cuanto documento estime conveniente para resolver el pedido, léase: comprobantes de pago, recibos por honorarios, vigencia de poder, declaración anual de impuestos, partida electrónica de propiedad inmueble, partida de nacimiento de los hijos, etc.
“Los acusados intencionalmente han ampliado la sustentación documentaria, de la exposición de motivos para acceder a una licencia de arma en la modalidad de defensa personal, excediendo del alcance expreso de la ley 30299, generándose así una puerta abierta a la SUCAMEC, para que pueda solicitar una amplitud de documentos no dispuestos en la ley 30299, lo cual infringe el artículo 118° de la Carta de 1993, y paralelamente transgrede el artículo 36° la ley 27444”, señala la denuncia.
