Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Brasil han abierto un nuevo capítulo en el proceso para abrir un juicio político a Dilma Rousseff, elegida en octubre del 2014 gobernante del país. El primero anuló sorpresivamente la votación que por mayoría aprobó destituir a la mandataria, y el segundo desconoce dicha resolución.

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En tanto, Rousseff cuenta con más tiempo para armar la estrategia que impediría su remoción.

La votación en la Cámara de Diputados aprobó un informe que señala que hay indicios que la presidenta cometió crímenes “de responsabilidad”, y decidió trasladar la acusación al Senado.

Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general, dice BBC Mundo, y agrega que tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas.

La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Y esta ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.

“Lo que está en juego no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores involucrados”, dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de élite, en declaraciones a BBC Mundo.

El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.

Y días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.

La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.

Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.

Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.

La comisión de Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció el lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a “una crisis fiscal sin precedentes” en el país.

Ahora, si esta denuncia naufraga, en la Cámara de Diputados existen otras nueve denuncias contra la mandataria.