AFP.- La justicia venezolana prohibió a la Asamblea Nacional hacer un juicio al presidente Nicolás Maduro por su responsabilidad en la crisis política y económica, reavivando la pugna de poderes en el país.
La sentencia fue difundida tres días después de que delegados del gobierno y la oposición convinieran, en una mesa de diálogo sobre la crisis instalada con acompañamiento del Vaticano, trabajar por la “normalización” de las relaciones entre los poderes públicos.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al legislativo, de mayoría opositora, “abstenerse de continuar con el pretendido juicio político” contra el mandatario, según un fallo difundido en la página oficial del órgano estatal.
El TSJ recordó que la figura del “juicio político” no está establecida en la Constitución.
Minutos después del anuncio, Maduro lo celebró. “Excelente. El sistema constitucional e institucional de Venezuela está funcionando muy, muy, pero muy bien; funcionando de manera fluida”, expresó el gobernante en su nuevo programa musical de radio, ‘La hora de la salsa’.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rompió 17 años de hegemonía chavista en el legislativo cuando tomó el control del hemiciclo en enero pasado, tras su triunfo en las elecciones de diciembre del 2015. Desde entonces, casi la totalidad de sus decisiones ha sido anulada por la justicia.
¿Regreso a las calles?
Al fallar sobre un recurso de amparo que presentó la Procuraduría, el TSJ prohibió también al parlamento “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos”.
Sin embargo, la reactivación del conflicto de poderes venezolano podría conllevar a un recrudecimiento de las tensiones de calle.
La MUD puso fin a una tregua que dio al gobierno en el marco del diálogo y adelantó que retomará, en paralelo a las negociaciones, la estrategia de presión que lanzó tras la suspensión, el 20 de octubre, de un proceso de referendo revocatorio con el que buscaba sacar a Maduro del poder.
La alianza hizo el anuncio tras una lluvia de críticas de sus integrantes por no lograr en las conversaciones el compromiso de reactivar el referendo o un adelanto de elecciones como salida a la crisis.
La MUD había suspendido una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores y postergado el juicio parlamentario contra Maduro para establecer la responsabilidad del mandatario en la crisis y declararlo en “abandono del cargo”.
“¿En qué contribuye esto cuando dimos un paso atrás para diferir el punto, diferir la marcha y darle una oportunidad al diálogo?”, protestó en la red social Twitter el segundo vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla.
“Absolutamente nula”
La oposición, que acusa al poder electoral y al TSJ de estar al servicio del chavismo, consideró que la decisión judicial es inconstitucional.
Es “absolutamente nula”, aseveró el presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, en Twitter.
La Sala Constitucional del TSJ “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos, pero no a la Asamblea Nacional electa por el pueblo”, agregó con su habitual verbo encendido.
Pero el TSJ ratificó que todas las acciones del legislativo son “nulas” tras haberlo declarado en desacato en agosto pasado por juramentar a tres diputados opositores, cuya elección fue suspendida por acusaciones de fraude del oficialismo.
En la sesión legislativa de este martes, los tres asambleístas pidieron ser desincorporados, con la condición de que el caso se resuelva con celeridad.
El conflicto político entre el mandatario y sus detractores se profundizó en medio de graves dificultades económicas para Venezuela, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que cerrará el año en 475%, según el FMI, la más alta del mundo.
