Se debe comprender en la investigación por la presunta coima en la carretera Interocéanica a los representantes de las compañías constructoras vinculadas a Odebrecht, insistió la Procuraduría especial para los casos de corrupción de las empresas brasileñas, liderada por la abogada Katherine Ampuero.

Quienes deberían ser comprendidos por el delito de corrupción desleal a José Graña Miroquesada, representante Graña y Montero; Fernando Camet, represente de JJ Contratistas generales; y Fernando Castillo, representante de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, señaló la Procuraduría en un comunicado.

“Aún se encuentra pendiente que el fiscal emita pronunciamiento con relación al pedido de la procuraduría ad hoc de ampliar la investigación preparatoria y para comprender como investigados a las referidas personas”, indicó.

Ampuero destacó también que el Ministerio Público ha ampliado investigación preparatoria contra Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, así como Avraham Dan On, Josef Maiman, Sabith Saylan y Gideon Weisten.

Precisaron que este pedido fue formulado por la procuraduría el 30 de marzo a la fiscalía especializada en delitos de corrupción, ampliar investigación preparatoria contra estas personas, a quienes acusa de negociar una coima por la carretera Interocéanica, señaló Andina.

Por este caso son investigados el expresidente Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos tráfico de influencias y colusión desleal; Jorge Barata, por el delito de tráfico de influencias, y Josef Maiman, por lavado de activos.

Son investigados también Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font y Patrick Barclay Méndez, por el delito de colusión desleal.

Ayer, Fiscalía informó que se abrió una investigación preliminar, por un plazo de ocho meses, contra Barata, exejecutivo de la empresa Odebrecht, por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión/transferencia, en agravio del Estado.

La investigación fue abierta tras detectarse dos cuentas en un banco peruano con un monto aproximado de US$ 13 millones, correspondientes a fondos mutuos, aportes voluntarios previsionales y otras transferencias internacionales, entre los años 2006 y 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a la Coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos sobre movimientos sospechosos de transferencias de este fondo hacia el exterior, razón por la cual se dispuso la congelación de dichas cuentas.