La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, señaló hoy que no tiene problemas en investigar al ex ministro de Justicia, Daniel Figallo, y al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski en caso estuvieran involucrados al caso de sobornos pagados por la constructora Odebrecht para adjudicarse proyectos de infraestructura en Perú
“No tendría problemas con ninguno, mi compromiso no es con presidentes, no es con funcionarios, no es con autoridades. Mi compromiso es con el Perú, es con la ciudadanía”, subrayó.
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Agregó que de ninguna manera le “temblará la manos” para investigar a las autoridades que puedan estar involucradas en la investigación, y los procuradores del Estado tendrán que hacer su trabajo.
También negó que sea amiga del ex ministro de Justicia del anterior gobierno, Daniel Figallo, tal como lo dijo la congresista Yenni Vilcatoma, y que sólo tuvieron una “relación laboral”.
Asimismo, indicó que se ha reunido con el procurador anticorrupción, Amado Enco, para pedir detalles del caso Odebrecht y le informó que se iniciaron tres procesos de investigación en Lima, de los cuales uno sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP), y el segundo es sobre la Interoceánica Sur y la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa.
“El tercero está asociado a empresas brasileñas como son Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Galvao Engenharia, todas asociadas a actos de corrupción. Esos son casos en Lima, mientras que en provincias tenemos un promedio de 16 casos que se están viendo en diferentes regiones”, dijo a RPP TV.
Por otro lado, agregó que luego de su año de ausencia del sistema jurídico del Perú ha podido encontrar “en una penosa situación” al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuya presidencia la asumió hace tres meses.
Un ejemplo de ello son los procuradores anticorrupción sin ser designados durante más de un año, falta de recursos como abogados o personal administrativo, y una gran cantidad de casos por resolver.
Explicó que desde la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado elaboraron un diagnóstico de la labor de la Procuraduría Anticorrupción a nivel nacional, que pasó por dos procesos de reestructuración entre el 2012 y el 2015.
“Lamentablemente, lo tengo que decir con mucha tristeza, los resultados son deficientes por muchas razones”, enfatizó.
Detalló que al cierre de setiembre esta procuraduría tenía 31,305 casos sólo se generaron 27 denuncias en los últimos seis años, y se solicitaron sólo 623 embargos preventivos, de los cuales se concedieron 303.
“Por eso es que al culminar este diagnóstico se ha presentado a la Ministra de Justicia un pedido de reestructuración de recursos y presupuestos”, añadió.
