El juez Richard Concepción Carhuancho declaró, la noche del jueves, fundado el pedido realizado por la fiscalía de prisión preventiva contra el exmandatario, Alejandro Toledo, ante el “alto grado de probabilidad” de haber cometido un acuerdo ilícito con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht.

En esa línea, dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo Manrique, quien es acusado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

También mencionó que, este caso requiere diversos actos de investigación, como solicitudes de cooperación internacional con Reino Unido, Brasil, entre otros países; así como la búsqueda de documentos respecto a la carretera Interoceánica. A la par ordenó su captura internacional.

Heriberto Benítez, abogado del exmandatario, afirmó que apelará la decisión del juez.

El magistrado fundamentó su decisión ante los “graves y abundantes elementos de convicción” dotados por la fiscalía que implican a Alejandro Toledo en el cobro de una coima realizada por Odebrecht, a cambio de beneficiarla con la concesión de la carretera Interoceánica.

“Prácticamente Alejandro Toledo estaba vendiendo la concesión de la carretera Interoceánica a cambio de pagos de Odebrecht, a través de las cuentas de Josef Maiman”, detalló el representante del Poder Judicial. Ello, precisó, se pudo corroborar en las indagaciones realizada por el Ministerio Público.

Otro elemento de convicción que complica la situación judicial de Alejandro Toledo, fue el trato preferencial que tuvo cuando era mandatario con la constructora Odebrecht, lo que permitió que se le adjudicara la construcción de la costosa carretera, afirmó el juez Carhuancho.

“Incluso se hizo una ley con nombre propio para sanear todas las irregularidades que hubo en el concurso de la Interoceánica. De acuerdo al Contralor, hubo una ley que le impedía fiscalizarla, es decir hubo un blindaje legal para los tramos II y III de la carretera Interocéanica”, refirió el magistrado como parte de su fundamentación.

“Las reglas fueron variadas a favor de Odebrecht y Graña y Montero”, puntualizó.

Otro elemento de convicción, fue la dotación del decreto supremo que daba facilidades al consorcio liderado por Odebrecht, exceptuándola del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

“Se establecieron las bases favoreciéndola. Con la promulgación de la Ley 28670 se estableció un blindaje al proceso de contratación de la obra Interceánica”, remarcó.

Otro elemento para el juez fueron los pagos que habría hecho Odebrecht a las empresas de Maiman: Merhav y Trailbridge.

“Respecto a Trailbridge tenemos un pago de US$ 750 mil, de acuerdo a los documentos entregados por Odebrecht a la fiscalía. Si vamos al detalle de este pago: se consigna como fecha el 23 de junio del 2016, día que se habría realizado”, apuntó el juez. A lo que suma, dijo todo el proceso para pasar este monto a Merhav, utilizando offshores, demostrándose así el delito de lavado de activos.

El juez de la causa también desestimó la prescripción del delito de tráfico de influencias planteado por la defensa del exmandatario. “No cabe en este caso la prescripción, señor Benítez”, afirmó el magistrado.