Por: Raúl Castro y Gina Carbajal

¿Considera que, en ocasiones, una sentencia bien hecha puede originar un debate?
Para un abogado es un placer leer una sentencia bien hecha, en la que se da cuenta que todos (los argumentos) se encuentran perfectamente engranados.

Pero hay sentencias cuestionables o divertidas para el común de la gente, como la del ex juez Malzon Urbina…
Eso fue una payasada. Según las estadísticas, se dictan 101,000 sentencias en un mes. Así que si sale una de ese tipo, no es un problema. Sobre ese caso en particular, se trató de un asunto emblemático.

¿Cuál fue la agenda del último Consejo de Estado, en el que participan los representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo?
Primero, que las políticas de seguridad deben ser coordinadas por todas las entidades del Estado. Por ejemplo, los gobiernos regionales aprobaban su propia regulación.

¿Qué acuerdos se buscan?
Los técnicos y la gente de todas las áreas están en reunión permanente. El viernes se debatirán las propuestas del Ministerio del Interior, entre otros, y el lunes se sabrá si habrá una decisión.

¿Han remitido al Congreso algunas propuestas de ley?
Sí. Hemos planteado la revisión del tiempo de detención de un menor de edad acusado de sicario. Ahora solo se les puede detener durante seis años, con lo cual, cuando llegan a 20 de edad podrían cometer otro asesinato.

¿Cuál es la dificultad para hacer operativa esa medida?
Tenemos que respetar el convenio internacional del niño y adolescente, lo que nos limita a tomar medidas reeducativas y no severas.

¿Es posible tener una legislación con sanciones más drásticas frente a delitos cruentos cometidos por menores de edad?
Habría que analizar esa posibilidad, porque se está usando menores de edad para actos de ‘sicariato’, y así los adultos evitan sanciones penales.

¿Qué se debería analizar?
Por lo menos, la situación nos obliga a pensar si mantenemos el statu quo o establecer alguna modificación o reserva a esta regulación internacional, sin perder el nivel de las garantías fundamentales que debe ofrecer el país (como el debido proceso, entre otras).

En cuánto a la reeducación. ¿Es una medida exitosa?
Estamos avanzando en reeducación de menores, pero estamos muy distantes a las metas óptimas. Los menores que están en centros de entrenamiento pueden considerarse privilegiados frente a otros menores infractores.

¿Se podría evaluar la pena de muerte a los sicarios (mayores de edad)?
Eso no se ha puesto en agenda, no se ha tratado. El “sicariato” ya está previsto en nuestras leyes. A los jueces, hasta hace dos años, eran calificados de ‘blandengues’ o que actuaban con benevolencia, que imponían penas muy bajas a los autores de crímenes letales. Pero hoy ha cambiado eso y las penas se han incrementado.

*Imagen negativa *
¿Hay una sala especial que ve minería en el Poder Judicial? En la Fiscalía hay una que solo ve temas de medio ambiente…
Para el tema del medio ambiente hemos establecido dos juzgados itinerantes, que van de pueblo en pueblo. Uno está en Cusco, como sede, y el otro en Piura.

¿Hay sentencias?
Estamos trabajando. El problema es que no teníamos presupuesto para esos juzgados, pero ya existen tres o cuatro sentenciados por delitos ambientales en Madre de Dios. Ese número se incrementará.

¿Por qué ha sido la condena?
Por extracción de oro y tala de árboles.

Jueces cuestionados
¿Cómo es posible que el Poder Judicial mantenga a jueces cuestionados?
Hay muchos jueces que fueron separados, algunos con razones suficientes y otros sin las formalidades del caso. Incluso, hay magistrados que han entablado juicios buscando un error en el procedimiento disciplinario para revertir la decisión del Poder Judicial. Esto no debería ocurrir jamás, pero lo cierto es que logran ser repuestos.

¿Cuánto daño le hace a la imagen del Poder Judicial fallos como el de La Parada?
La imagen se logra con los años. Nosotros cargamos con una imagen negativa de 189 años de edad. Pero, realmente, es distorsionada, porque basta con que surja un caso negativo para que se traiga abajo lo escalado. En el caso de La Parada, nos generó un descrédito del 9.2%. Las sentencias desproporcionadas existen en todos los países, pero a nosotros nos hace más daño.
Sin embargo, el 59% de los ciudadanos encuestados (litigantes) por la empresa Vox Populi, considera que ha mejorado el servicio con relación al año pasado. El índice de satisfacción de las personas usuarias es del 37%.

¿Hay tentación del poder político por presionar al Poder Judicial?
No he visto ninguna intención del presidente Ollanta Humala de imponer o solicitar determinada medida en cualquier sentido. Es respetuoso de las decisiones que se toman, incluso de las que no les gustan. Si el juez pierde la autonomía, pierde su razón de ser.

¿Cómo detener las acciones de amparo?
Nosotros quisiéramos tener más derecho a reglamentar nuestros procedimientos judiciales, pero estamos maniatados.

¿Y qué harán frente a ello?
Vamos a llevar el Congreso un proyecto de ley para restringir las acciones de amparo en el domicilio efectivo o donde se encuentre el expediente en el caso de habeas corpus, eso reducirá las diversiones de la acción judicial.

¿Qué otras medidas aplicarán?
La otra cuestión es la sistematización de la jurisprudencia del Poder Judicial. En este momento, el juez que se aparte de sentencias uniformes o vinculantes debe explicar por qué se está apartando. Si no tiene explicación, el demandante puede denunciarlo por prevaricato, eso mejoraría nuestra imagen. Lo ideal sería llegar a 30% de mejora en la imagen del Poder Judicial.

Reeducación
En la reeducación de menores infractores, detalló el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, que hay un grupo de menores de edad que trabaja en la restauración de huacas de Lima. También hay menores que han ingresado a la universidad, incluso en los primeros puestos. “Estamos muy satisfechos con ese tipo de logros que se están obteniendo en este rubro”, anotó.

Cifras y datos – 49% de las penas privativas de libertad son mayores de siete años. – En el 2013 se dictaron 57, 800 sentencias privativas de libertad. La mitad son mayores de siete años. Hay 101 cadenas perpetuas.