El Poder Judicial se pronunció sobre la legalidad y constitucionalidad de la “Guía de Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas al amparo de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220”, aprobada por el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La Primera Sala Civil de Lima en su sentencia, que debe ser aplicada por todos los jueces de la República, declara infundada la demanda interpuesta en contra de esta norma y respalda de modo explícito la posición asumida por la Sunedu, que estableció el cese de autoridades al 31 de diciembre de 2015 como plazo máximo.

Asimismo, la sala reafirmó que la Sunedu tiene competencia para regular el proceso de adecuación de gobierno de las universidades públicas, que está referido a la elaboración de un nuevo estatuto y elección de nuevas autoridades, relacionado con la implementación de una educación superior de calidad, función principal de esta superintendencia.

“En ese sentido, lo pretendido por el demandante supone simplemente intentar sujetar la reforma a su interés particular de mantenerse en el cargo, en contra de los fines de la reforma de la Ley Universitaria”, explicó la Sunedu.

Agregó que la sentencia da por concluidos los cuestionamientos de algunas exautoridades renuentes, que se negaban a dejar sus cargos alegando que su mandato vencía, en el más extremo de los casos, en el año 2019.

“Supone, además, un nuevo precedente para los procesos que actualmente se mantienen en diversas universidades se resuelvan, en beneficio de todos los estudiantes del país”, dijo la superintendencia.