(EFE) El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió que la fiscalía tiene un plazo máximo de diez días para decidir si formaliza una acusación o archiva una investigación que sigue a Keiko Fujimori y su esposo, el norteamericano Mark Vito Villanella.

La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Elizabeth Arias, admitió este martes 21 el pedido que presentó la defensa de Fujimori y Villanella para impedir que el Ministerio Público amplíe la investigación a los ingresos obtenidos por unos cócteles durante su campaña para las elecciones del 2016.

Según la resolución, publicada por medios locales, Arias consideró improcedente la decisión del fiscal Juan Domingo Pérez de hacer las investigaciones bajo la Ley contra el Crimen Organizado, que le permitía ampliarlas hasta por 36 meses.

Pérez había anunciado en septiembre pasado que aplicaría esa normativa a esta investigación, que comenzó de manera preliminar en marzo del 2016 pero él solo asumió a mediados de septiembre pasado.

La jueza Arias consideró, sin embargo, que esa decisión no contó con el sustento suficiente y que las diversas ampliaciones que aplicó la fiscalía se aprobaron fuera de los plazos establecidos.

Cuestionó, además, que 18 meses después de iniciada la investigación preliminar, el Ministerio Público haya decidido aplicar la Ley contra el Crimen Organizado.

Esa ley establece que promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de tres o más personas es considerado un agravante en un grupo de delitos, entre ellos el lavado de activos.

Arias ordenó, en ese sentido, al Ministerio Público que termine la investigación preliminar y otorgó diez días para que el fiscal decida si archiva el proceso o abre una investigación preparatoria formal, el paso previo al pedido de un juicio formal.

Además, de este caso, el fiscal Pérez también ha solicitado “vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre la sociedad LVF Liberty Institute”, una organización con sede en Estados Unidos que supuestamente transfirió US$ 65,000 al partido fujimorista Fuerza Popular en el 2015.

El Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, confirmó a fines de agosto que una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en poder de los fiscales peruanos.

Según informaron medios locales, Odebrecht confirmó a inicios de este mes a un grupo de fiscales peruanos la existencia de esa anotación y que pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que financiara la campaña presidencial de Keiko.

La líder de Fuerza Popular asegura que ni ella ni su partido recibieron dinero de Odebrecht y ha manifestado su intención de colaborar con la Justicia para aclarar el caso.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de US$ 20 millones; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.