(Reuters) Las jugosas riquezas que genera una mina de oro de la canadiense Goldcorp en el pobre estado mexicano Guerrero han avivado las cruentas luchas entre los traficantes de heroína vinculados a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, sin que el Gobierno ni la empresa reaccionen para frenar la ola de crimen.

Si bien la minera firmó el estándar del oro libre de conflicto que impulsa el Consejo Mundial del Oro y, por ello, está comprometida a extraer el metal de una manera que “no alimente conflictos armados ilegales o contribuya a serios abusos contra los derechos humanos”, según dice el convenio, en el poblado de Carrizalillo no reina, precisamente, la paz.

Grupos de hombres enmascarados y fuertemente armados suelen llegar al enclave montañoso cerca de la mina Los Filos asesinando y secuestrando, mientras exigen “una cuota” a quienes reciben regalías de la mina a cambio de perdonarles la vida.

En Carrizalillo (260 kilómetros al sur de la Ciudad de México), gran parte de sus mil habitantes obtienen ingresos por el arriendo de sus tierras a Goldcorp o trabajando en sus enormes instalaciones, donde entre 2012 y 2014 se produjeron 931,500 onzas de oro. Los Filos es la mayor mina de oro del país después de Peñasquito, también de Goldcorp.

“Quieren aprovecharse de que hay dinero en Carrizalillo, quieren el dinero que es de nosotros”, se quejó el alcalde del pueblo, Nelson Figueroa, quien culpa de la violencia al cártel Guerreros Unidos, señalado por el Gobierno como responsable del secuestro y posible masacre de los estudiantes, en complicidad con policías municipales.

Según documentos vistos por Reuters, 175 familias reciben el equivalente a unos US$ 3 millonesanuales por arrendar sus tierras a la mina, una pequeña fortuna para un pueblo como Carrizalillo.

La situación en la localidad, donde un hijo del líder de los campesinos fue asesinado en agosto por sicarios frente a una puerta de la mina, muestra cómo muchas empresas en México siguen haciendo negocios en medio de la violencia, reforzando su propia seguridad pero sin comprometerse con la de los pobladores fuera del perímetro.

Aunque las autoridades cifran las muertes violentas en Carrizalillo en cerca de una treintena en el último año, es probable que esa cifra sea solamente la punta del iceberg, debido a que nueve fosas clandestinas con restos humanos fueron encontradas en noviembre.

Riqueza en medio de tiroteo
Una fuente de seguridad del Gobierno federal dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que los Guerreros Unidos batallan por territorios con el grupo rival de Los Rojos, y en zonas como Carrizalillo, donde han crecido los beneficios que la mina genera a los dueños de tierras, las familias se han aliado con uno y otro bando, desatando así un baño de sangre.

El alcalde Figueroa y una gran parte de los pobladores que lo respalda lo niegan, y aseguran que han pedido más seguridad al Gobierno y a la mina, pero que nadie les hace caso.

Representantes de la empresa dijeron, respondiendo a preguntas de Reuters, que han tenido muchas reuniones con autoridades locales y federales buscando mayor seguridad en la periferia de la mina, en línea con sus obligaciones del estándar del oro libre de conflicto.

“La violencia conlleva un costo humano terrible para las comunidades y un costo financiero para Goldcorp en la medida que estamos obligados a invertir en seguridad adicional para nuestras operaciones y personal”, dijo Michael Harvey, director regional para asuntos corporativos y seguridad de la minera.

“A pesar de que abogamos con las autoridades locales por el respeto a los derechos humanos en la vecindad de nuestras operaciones, no podemos tomar el rol de las autoridades”, dijo.

Pero, el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que ha mantenido reuniones con directivos de la empresa y que éstos le manifestaron que la mina no presenta una situación de riesgo, por lo cual no le pidieron la presencia de la Gendarmería, un cuerpo de la PF dedicado a proteger ciclos económicos amenazados por la delincuencia.

Esto incluye empresas pero también lugares generadores de riqueza como el puerto de Acapulco, ubicado en la costa de Guerrero, donde sin embargo la presencia de los gendarmes no ha logrado aplacar la ola de violencia.

“El negocio, la mina como zona generadora de recurso no ha presentado (riesgo), al menos a nosotros no nos han requerido (…) La mina no nos ha solicitado y no nos ha indicado que esté en riesgo”, agregó el jefe policial.

Acusaciones de complicidad
Carrizalillo no es el único pueblo que ha quedado preso de la voracidad de la delincuencia organizada, que en la región también controla amplios sembradíos de amapola, una planta de la cual se extrae una resina para fabricar heroína.

Habitantes de pueblos vecinos como Amatitlán y Tenantla, algunos de los cuales también trabajan en las minas, denunciaron que vivieron el año pasado secuestrados por meses por sicarios de Guerreros Unidos e, incluso, que un niño murió al no poder ser trasladado a un centro de salud, hasta que las detenciones por el sonado caso de los estudiantes debilitaron al cártel.

Guerrero es el estado con más homicidios en el país y en ascenso. En los primeros 10 meses del año fueron asesinadas 1,651 personas, frente a las 1,514 de todo el año anterior, según datos del Gobierno federal.

Pobladores del lugar dicen que Guerreros Unidos opera en esa zona de Guerrero, conocida como “triángulo del oro”, con la protección de policías federales y del 27 Batallón del Ejército, al que padres de los estudiantes culpan por la desaparición de sus hijos. Los militares lo han negado enfáticamente.

El batallón tiene sede en Iguala, una ciudad a 77 kilómetros de Carrizalillo y donde ocurrió el ataque masivo contra los estudiantes de magisterio en septiembre del 2014, que causó indignación dentro y fuera de México y cimbró al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la que depende el Ejército, no respondió a solicitudes de Reuters para aclarar estas acusaciones.

Durante una visita de Reuters al lugar existía un operativo con decenas de militares del 50 Batallón del Ejército y policías del estado. Pero días después éstos se retiraron y volvió la zozobra, dijeron pobladores.

“Cuando vinieron los operativos la gente volvió a salir de su casa, ahora otra vez estamos encerrados y las balaceras siguen en pueblos cercanos (…) Tenemos miedo de que en cualquier momento vengan otra vez”, dijo un poblador de la zona que prefirió el anonimato por temor a represalias.