AFP.- La oposición venezolana extenderá a toda Venezuela su protesta convocada para el viernes en Caracas, en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación el domingo de la Asamblea Constituyente.

En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas, que ya deja cinco muertos -tres el miércoles y dos este jueves-, que elevaron a 108 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace cuatro meses.

La MUD advirtió que si el gobierno no da marcha atrás con Constituyente, pese a la huelga y la marcha del viernes, “boicoteará” la votación para elegir a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y que regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas.

Buscando calmar las aguas, el mandatario planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, en un discurso en el que sin embargo ratificó que su proyecto no tiene marcha atrás.

“Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo”, dijo ante una multitud de seguidores, en el cierre de campaña.

La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis económica, donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y el salario no alcanza para nada.

“Nos va a traer más hambre y miseria, no queremos ser otra Cuba”, dijo a AFP Carmen Álvarez, comerciante de 60 años, en una barricada de escombros, en el este de Caracas.

Zonas de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores ocurren choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.

“El emperador”
El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó a quienes organicen y realicen actos para interferir en la votación con “prisión de cinco a diez años”.

Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos justificó su medida acusando a esas figuras de “minar la democracia” y por su “responsabilidad” en actos de violencia o corrupción, y advirtió que quienes “se sumen” a la Constituyente estarán expuestos a otras sanciones.

“Su majestad el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela”, expresó el mandatario en la concentración.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, también rechazó esas sanciones y prometió que las votaciones serán garantizadas por la Fuerza Armada, clave en el sostén del gobierno y a la que Maduro dio enorme poder político y económico.

Maduro, exchofer de autobús de 54 años, quien sustituyó al fallecido presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.

Pero no solo Estados Unidos ha presionado para frenar la Constituyente. Gobiernos de Latinoamérica y Europa expresaron preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia.

“Cheque en blanco”
Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la Constituyente, por lo que el gobierno busca evitar una alta abstención, tras los 7.6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.

“Es la carta definitiva, de todo o nada, de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia, y esto tiene un costo”, aseguró a AFP la analista Colette Capriles.

Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz y bonanza económica, pero la oposición sostiene que con ella solo busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar un sistema comunista.

La oposición decidió no participar en la Constituyente, alegando que no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida.

Con ese poder, podrá incluso eliminar el Parlamento de mayoría opositora y a una Fiscalía rebelde, han amenazado dirigentes del gobierno.

Será un “cheque en blanco”, advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, al llamar a los venezolanos a hacer todo para detenerla.