AP.- Calles vacías, centenares de comercios cerrados y personas que pasaron aprietos para transportarse a sus trabajos marcaron la jornada en Venezuela a raíz del paro cívico impulsado por la oposición contra el proceso constituyente, que derivó en protestas violentas y dejaron dos víctimas fatales y nueve heridos.

El Ministerio Público reportó el fallecimiento de Ronney Eloy Tejera de 24 años durante un incidente en que se utilizó arma de fuego cuando un grupo protestaba en un municipio en el estado central de Miranda. Además, confirmó el deceso de Andrés Uzcátegui de 23 durante una protesta en una barriada pobre en el estado de Carabobo, también en el centro. Durante la jornada al menos nueve personas resultaron heridas en disturbios callejeros.

Con muerte de los dos jóvenes se eleva a 95 el número de fallecidos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales hace más de tres meses en la nación petrolera agobiada por una profunda crisis económica.

Con la huelga de 24 horas la oposición procuraba acentuar su presión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su iniciativa para reescribir la carta fundamental del país, para lo cual prepara la elección de una Asamblea Constituyente el 30 de julio.

Maduro, quien se resiste a echar para atrás en su plan constituyente e incluso desafía a las amenazas de sanciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos, acusó a la oposición de intentar con el paro “sabotear la vida económica del país”. Denunció en un encuentro con seguidores que supuestos manifestantes atacaron la sede de la estatal Venezolana de Televisión, al este de la capital, y quemaron un pequeño módulo público.

El incidente ocurrió a media mañana cuando manifestantes opositores, que mantenían bloqueada unas vías cercanas al canal estatal, se enfrentaron con piedras a las fuerzas de seguridad y empleados de la televisora, relató a la AP Maritza García, una estudiante universitaria de 21 que participaba en la protesta.

García dijo que en medio de la refriega cayó una bomba lacrimógena en el módulo público, lo que aseguró que ocasionó el incendio en esa instalación. Varias decenas de guardias nacionales y policías se presentaron en el lugar y lanzaron bombas lacrimógenas y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

El jueves muchos venezolanos se vieron afectados por la ausencia de transporte público, uno de los sectores que se sumaron al paro, pero pese a que tuvieron que levantarse más temprano de lo corriente y caminar varias horas a sus lugares de trabajo daban su respaldo a la paralización.

“Es urgente un cambio de gobierno porque lo que vivimos es patético. No se consigue comida ni nada y lo poco que hay está muy caro”, dijo Frangeli Fernández, una trabajadora de una agencia bancaria. Ella tenía sentimientos encontrados pero apoyaba que se hiciera “algo muy radical aquí para terminar de salir de todo esto”.

“Cualquier sacrificio es poco. Ya estamos viviendo muy mal”, coincidió el capitalino Edgar Noguera, un maestro panadero de 38. “Yo no quiero que haya Constituyente, lo que quiero es que ese hombre (Maduro) se vaya”.

Mientras algunos sindicatos nacionales de trabajadores y transportistas anunciaron su respaldo a la paralización, dirigentes del oficialismo descartaron que los empleados del sector público --cerca de 2,8 millones de personas-- apoyarían la medida.

Las mayores cámaras de empresas, industrias y comercios del país dieron libertad a sus trabajadores para unirse al paro e indicaron que no aplicarían sanciones a los que se ausentaran. Cerca de 10 millones de personas laboran en el sector privado.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó temprano que tras una inspección se determinó que las 700 empresas más grandes de producción de alimentos estaban operando en su totalidad. La AP consultó a los representantes de algunas empresas de alimento que indicaron que sus plantas operaban a la mitad de su capacidad debido al ausentismo laboral.

El paro es parte de las medidas anunciadas a inicios de semana por la oposición para intensificar su rechazo al proceso constituyente y después de impulsar una consulta simbólica el fin de semana en la que según dijo más de siete millones de venezolanos rechazaron el plan del gobierno para reformar la carta fundamental del país.

Otras de las medidas incluían la designación por parte de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, de designar el viernes a nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia del país, pero la Sala Constitucional de ese órgano controlado por el oficialismo, en un fallo conocido el jueves por la noche, advierte que ello configura el delito de usurpación de funciones. Recordó asimismo que la Asamblea Nacional se mantiene actualmente en desacato debido a otras sentencias en su contra, por lo que sus actos no tendrían validez.