(AFP) Los pueblos indígenas de Chile enfrentan mayores niveles de precariedad en su vivienda, debido a políticas y prácticas discriminatorias perpetuadas en las últimas décadas, denunció este viernes en Santiago la relatora especial sobre vivienda de ONU, Leilani Farha.

La especialista resaltó que la desigualdad, que caracteriza a la sociedad chilena, tiene en la vivienda a uno de sus fieles reflejos y advirtió que cuando se considere el acceso a ella como derecho humano y no como una mercancía los más vulnerables podrán satisfacer dicha necesidad.

“Chile ha tenido un largo legado de discriminaciones de este tipo contra sus indígenas, cuyas condiciones de vivienda son deplorables”, dijo Leilani Farha, en rueda de prensa en Santiago.

En su reporte, la relatora expuso “que los pueblos indígenas sufren condiciones de vivienda perjudiciales, como el hacinamiento, la precariedad de la tenencia y la falta de acceso al agua y la discriminación”.

Las deficiencias de las viviendas del pueblo mapuche, mayor grupo indígena de Chile, “están directamente relacionadas con su expulsión y despojo de sus tierras tradicionales, para dar paso a la industria forestal patrocinada por el gobierno”, agregó Farha, en su reporte.

La especialista reconoce que el gobierno desarrolla subsidios para que indígenas accedan a viviendas sociales en los centros urbanos, sin embargo dichos programas son imperfectos ya que no se adaptaron a las necesidades de los pueblos originarios.

Para Farha otro de los grupos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda digna son los migrantes, en un país en el que en los últimos años este grupo social ha tenido un aumento estimado del 200%, según datos citados por la funcionaria de Naciones Unidas.

“Casi todos los migrantes hacia Chile experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda”, señaló la experta que consideró contraproducente que los migrantes no puedan obtener beneficios en programas de subsidios de vivienda hasta tener al menos tres años de residencia.

Esto arrastra a los migrantes, en su mayoría de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití, a acudir al mercado de alquileres privados donde hay una discriminación “desmesurada”.

Cobros por encima del valor de mercado y hostilidad dentro de campamentos (asentamientos), son algunas de las denuncias que recibió la relatora en su viaje por varias zonas de Chile.