La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) formuló 83 denuncias penales contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la voluntad popular, cometidos durante las elecciones regionales y municipales del 5 octubre pasado.

Para impedir que los actos de violencia perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre todo, no vuelvan a repetirse, la Procuraduría del organismo electoral interpuso denuncias en 21 regiones del país.

Así, las denuncias penales fueron presentadas en las fiscalías provinciales de las regiones Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. También en Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

De todas estas circunscripciones, la mayor cantidad de denuncias fueron formuladas en Lima (13), Loreto (10), Huánuco (9), San Martín (7), Piura (6) y La Libertad (5). Con cuatro denuncias aparecen las regiones Cusco, Ancash y Amazonas, respectivamente; y las otras restantes corresponden a las demás regiones.

Delitos electorales
Según el organismo electoral, los delitos contra la voluntad popular fueron cometidos bajo diversas modalidades: atentado contra el derecho al sufragio, suplantación de votante, sustracción y destrucción de material electoral y disturbios.

También bajo la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, perturbación al proceso electoral, sustracción y destrucción de cédulas de sufragio y de actas electorales.

El artículo 354 del Código Penal establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años para el que, con violencia, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local.

Pero también el artículo 359 establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral falsifica o destruye, de cualquier modo, en todo o en parte actas de escrutinio.

A su vez, el Código Penal (artículo 365) reprime con pena privativa de libertad no mayor de dos años a quien, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas.

Otros delitos
Las denuncias penales iniciadas por la Onpe también tienen como causales delitos no electorales, como resistencia o desobediencia a la autoridad, sedición, motín y conspiración, así como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

Igualmente, delitos contra la fe pública, contra el patrimonio, la paz pública y la libertad personal, cometidos todos en el marco de las elecciones del 5 de octubre.

De las 83 denuncias formuladas por la Onpe, en 32 casos se ha identificado a los presuntos responsables, en algunos de ellos se trata de más de un ciudadano por cada hecho, mientras que en el resto aún falta identificar a los responsables.

Hay que recordar que luego de conocidos los actos de violencia, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Mariano Cucho Espinoza, exigió que no exista impunidad para quienes han promovido esos actos y se cree un precedente.

“Que la justicia aplique todo el rigor de la ley contra estas personas, para que se siente un precedente y no se vuelva a repetir situaciones en la que, mediante la violencia, se pretende desconocer el resultado de una elección, lo que es un atentado contra la democracia y la voluntad popular”, manifestó.

Según un reporte de la Onpe, se registraron más de 100 incidentes ocurridos en diversos distritos luego de las elecciones.