Brasilia, (AFP/Reuters).- Un total de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht firmaban este jueves acuerdos de delación premiada con la fiscalía brasileña por el caso Petrobras y el grupo aceptó pagar una multa de 6,800 millones de reales (casi US$ 2,000 millones), dijo a la AFP una fuente ligada a la empresa.

“Es un proceso que aún no terminó, pero que será concluido entre hoy y mañana”, dijo la fuente que pidió no ser identificada. Los acuerdos de colaboración individuales con la Justicia se realizan a cambio de una reducción de la condena.

El acuerdo de indulgencia sería firmado en pocos días, y la empresa abonará la multa a lo largo de 20 años. Incluye los montos que deberá pagar en Estados Unidos y Suiza, donde también es investigada.

La fuente (Reuters), confirmando información del periódico Folha de S.Paulo, aseguró que el largamente esperado acuerdo de indulgencia entre Odebrecht y los fiscales permitiría a la compañía volver a presentarse en ofertas por proyectos públicos.

El acuerdo podría desatar un nuevo sismo político en Brasil, donde hay al menos medio centenar de legisladores investigados por este caso. Los medios locales estiman que la confesión masiva del grupo podría sumar cerca de 100 nuevos nombres a la lista de sospechosos.

Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos, de acuerdo con la causa que echó luz en el escándalo que saqueó más de US$ 2,000 millones de la petrolera estatal.

Su expresidente, Marcelo Odebrecht, considerado uno de los empresarios más influyentes de Brasil, está preso desde hace 16 meses en Curitiba (sur), donde cumple una condena de más de 19 años por integrar una organización criminal y cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero.

El acuerdo podría acortar drásticamente ese castigo.

Tras la firma del acuerdo el jueves en la sureña ciudad de Curitiba, ejecutivos de la compañía, incluyendo al ex presidente ejecutivo Marcelo Odebrecht, comenzarían a cerrar sus pactos individuales en Brasilia.

Bajo los acuerdos, los ejecutivos se convertirían en testigos del Estado y le entregarían a los fiscales detalles de los sobornos pagados a funcionarios de Petrobras y otras compañías estatales, además de coimas a políticos.

Emilio Odebrecht, el integrante de más edad de la familia que controla la compañía, se disculpó con los trabajadores del conglomerado.

En una carta dirigida a los empleados obtenida por Reuters, Emilio Odebrecht dijo que confía en que los términos del acuerdo le permitirán a los negocios de la compañía retomar el crecimiento.

Se comprometió a mantener los más altos estándares de transparencia y de comportamiento ético en los negocios.

El “Petrolao” fue definido por los investigadores como una confabulación entre constructoras y partidos para manipular licitaciones y sobrevalorar las obras de Petrobras, para luego distribuir entre 1 y el 3% del valor de los contratos.

“Disculpe, Odebrecht se equivocó”
“Odebrecht reconoce que participó en prácticas impropias a su actividad empresarial”, admitió la empresa en un insólito comunicado titulado “Disculpe, Odebrecht se equivocó”.

“No importa si cedimos a presiones externas. Tampoco si hay vicios que precisan ser combatidos o corregidos en la relación entre empresas privadas y el sector público”, añadió.

La constructora subrayó que lo más importante es que, con el pacto con la fiscalía, la empresa reconoce su envolvimiento en la trama corrupta y promete cambiar su actitud de cara al futuro.

“Fue un gran error, una violación de nuestros propios principios, una agresión a valores consagrados de honestidad y ética. No admitiremos que esto se repita”, señala el comunicado.

Después de pedir perdón, la empresa dijo que está comprometida “a pasar página” e hizo público un decálogo donde se compromete desde “a decir no con firmeza” cuando surjan oportunidades de negocio ilegales o “jamás invocar condiciones culturales o usuales del mercado para justificar acciones indebidas”.

La megainvestigación Lava Jato, en marcha desde 2014, golpeó duramente al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y a sus exaliados PMDB (centroderecha) del actual presidente Michel Temer.

El propio Lula (2003-2010) enfrenta varias causas judiciales ligadas al esquema en Petrobras, del cual la fiscalía lo señala como el “máximo comandante”.