La jefa de la misión de Observadores de la Unión Europea (UE), Renate Weber, aseguró que durante el proceso electoral no se ha visto intensión de fraude. “No hemos visto intención de fraude de las autoridades electorales ni antes de la primera vuelta, ni en la segunda vuelta”, precisó en conferencia de prensa.

Weber remarcó que de lo observado por la misión “no podemos hablar de fraude (electoral). Si alguien tiene otro tipo de información sería importante que lo diga, pero de lo que hemos observado nosotros, no”.

Detalló que durante el proceso electoral si bien si hubo retrasos en la instalación de algunas mesas de sufragio, pero está fue en menor proporción en comparación a la primera vuelta. “La ONPE tuvo medidas para mejorarla, (en síntesis) fue una proceso sin incidentes y bastante rápido a diferencia de la primera vuelta”, dijo la funcionaria.

Respecto a las denuncias de ciudadanos en redes sociales, de que algunas cédulas de votación estaban marcadas beneficiando a un candidato, la representante de la UE especificó que no han recibido este tipo de quejas hasta el momento.

“Si existen lo vamos a mirar (analizar) en los días que vienen. Vamos conversar con los JEE de cada departamento en donde esto ocurrió, por lo que necesitamos recibir información. Nos vamos a quedar hasta fines de junio y antes de julio presentaremos el informe final de la delegación”, explicó.

Lo que si llamó la atención de los 87 observadores, integrantes de la delegación de la UE, fue la falta de transparencia de los partidos políticos para informar sobre el financiamiento de sus campañas y la falta de capacidad de las autoridades electorales para fiscalizar el cumplimiento de la misma, por lo que consideró que “hay mucho por mejorar”.

“No han sido transparente en estas elecciones el financiamiento de los partidos políticos, que ha sido muy parcial”, manifestó la funcionaria. En ese sentido, recomendó una reforme electoral profunda, la que debe estar centrada en tres puntos.

El primero, relacionado al fortalecimiento de los partidos políticos mediante una financiación pública efectiva y un refuerzo de las reglas de democracia interna supervisada por las autoridades locales.

El segundo, el otorgamiento a la autoridad electoral de los mecanismos y recursos necesarios para fiscalizar y transparentar de manera eficiente los ingresos y gastos público y privados de los partidos políticos, fortaleciendo la cooperación con agencias del Estado competentes en la materia y el establecimiento de sanciones efectivas.

La tercera, la determinación de la elegibilidad y candidaturas con antelación suficiente, para que no se suspenda el derecho a la participación política de los candidatos en plena campaña electoral, y el establecimiento de sanciones de carácter gradual por violaciones a la Ley de Partido Políticos o a las normas de democracia interna.