La Comisión de Fiscalización decidió pasar a la primera dama, Nadine Heredia, a condición de investigada en la indagación que realizan sobre las cuatro agendas cuya propiedad se le atribuye.

Asimismo, el grupo de trabajo presidido por Gustavo Rondón optó por pasar a indagados a otras siete personas: Antonia Alarcón (su madre), Rocío Calderón (su amiga y ex funcionaria de OSCE), Ilan Heredia (su hermano menor), Maribel Vela (su prima política), Cynthia Montes (secretaria de prensa de Palacio), Jorge Chang Soto (amigo de Martín Belaunde Lossio) y Carlos Enrique Juscamaita.

Al respecto, la esposa del jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, calificó la decisión del grupo parlamentario como un “acoso político” y afirmó que existe una “alianza fujiaprista” en su contra.

“El poder de los votos sin argumentos, ha permitido que sin ningún debate la alianza fuji-aprista corone su acoso político contra mi persona. Esta persecución se ha extendido a mi familia y al Partido Nacionalista, siempre incómodo para esta alianza que por años ha saqueado al país”, escribió.

Minutos antes, el nacionalista Daniel Abugattás indicó en conferencia de prensa que “los sustentos son patéticos y ridículos. Es una masacre política que no vamos a permitir”.

Por su parte, Fredy Otárola señaló que su partido no se opone a que Nadine Heredia sea investigada por la Comisión de Fiscalización, pero “hay que presentar un informe sustentatorio y este debe debatirse”.

Oposición
En tanto, el fujimorista Héctor Becerril informó que solo Santiago Gastañadui y Ana María Solorzano votaron porque los demás llegaron tarde a la audiencia.

“Igual que lo que ocurrió en la sesión pasada, (los nacionalistas) llegaron al insulto. Han salido corriendo, tal como salió Nadine Heredia de la comisión el lunes. Y en lugar de pedir que se vote una reconsideración, quisieron frustrar el acuerdo que habíamos tomado”, sostuvo.

En ese sentido, el parlamentario de Fuerza Popular manifestó que la decisión de la Comisión de Fiscalización está justificada y no es arbitraria. “Cuando alguien no quiere declarar, se le pasa a investigado para que digan lo que el país está esperando”, concluyó.