Venezuela (AFP).- El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó este domingo en Caracas que la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México es una “irracionalidad”.

“El muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de irracionalidad; expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicano”, señaló el mandatario cubano en la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).

Trump prometió construir un muro en la frontera con México de 3.200 km para detener el paso de migrantes indocumentados.

En la reunión, que formó parte de un homenaje al expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) en el cuarto aniversario de su muerte, Castro aseguró que “la pobreza, la catástrofe y los migrantes, no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz”.

Al acto, organizado por el presidente Nicolás Maduro, asistieron además sus homólogos Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua, y representantes de gobiernos latinoamericanos.

Castro también se solidarizó con el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien el Tesoro estadounidense sancionó el pasado 13 de febrero por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Gracias a la unidad, la revolución bolivariana ha sobrevivido (…) a las bajezas de la OEA, a las irritantes sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente, que solo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas”, dijo.

Las sanciones contra El Aissami y un empresario venezolano, a quien el Tesoro señala como su testaferro, prevén el congelamiento de los bienes que puedan tener en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de negociar con ellos.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, impulsa la aplicación de carta democrática interamericana en Venezuela.

Ese mecanismo faculta a la OEA a intervenir en casos de grave alteración constitucional y, en última instancia, a suspender al país involucrado.