El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga, señaló que si en la implementación del registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas en el período 1995 – 2001 se llega a determinar alguna responsabilidad del Estado pues eso tendrá que ser asumido.

“Si se determina una responsabilidad de parte del Estado, tendrá que asumirse, por ejemplo en el Ministerio de Justicia tenemos a nuestro cargo, todo el sistema de reparaciones que se dieron como consecuencia del periodo de la violencia que enfrentó al país entre los años 1980 y 2000”, dijo.

Indicó que la implementación de dicho registro será una tarea técnica para promover el acceso a la justicia, sin ningún cálculo político.

“Absolutamente no hay ningún tipo de cálculo político ni de establecer a priori ningún tipo de responsabilidad, esta responsabilidad se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes”, declaró a la Agencia Andina.

Refirió que existe ante la tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima un proceso que data de 2011, en el cual “hay más de dos mil personas que han presentado sus denuncias” por las esterilizaciones forzadas.

“Esta es una labor de carácter técnico, de promoción de acceso a la justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas para evitar que, bajo ningún caso, las personas pueda quedarse sin acceder a la justicia por falta de conocimientos o recursos económicos,” dijo a la agencia Andina.

Indicó que el registro busca identificar el universo de personas afectadas por las ligaduras de trompas realizadas sin el consentimiento, y también los casos de esterilizaciones masculinas, a través de la vasectomía.

Señaló que en la medida que se determinen las responsabilidades, “también se generaría algún tipo de reparación civil a favor de las víctimas”, pero esto se determinará a través de los procesos judiciales correspondientes.

Explicó que las personas que hayan sido víctimas de las esterilizaciones forzadas en ese periodo, podrán acercarse a las oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en todos los distritos judiciales del país.

“A nivel nacional, existen 33 distritos judiciales y tenemos presencia en cada uno de ellos, tenemos más o menos 340 oficinas, donde las personas que se consideren víctimas de las esterilizaciones forzadas podrán acercarse y presentar su caso”, precisó.