Ministro de Justicia: Normas anticorrupción en sector público deben extenderse al sector privado

El ministro Enrique Mendoza sostuvo que entre las reformas en marcha destacan la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, actualmente en proceso de implementación.

Foto: Andina.
Foto: Andina.

El Ministerio de Justicia impulsa normas legales que buscan consolidar un ambiente de probidad y transparencia en el sector público, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, señaló el titular del sector, Enrique Mendoza.

Precisó que si bien estas normas se orientan al aparato público, la intención es extenderlas al sector privado.

Indicó que las medidas buscan fortalecer los mecanismos sancionadores en los tres niveles de gobierno.

Sostuvo que entre las reformas en marcha destacan la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, actualmente en proceso de implementación.

Otra medida anticorrupción es el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, que promueve la buena actuación de los profesionales del derecho. A la fecha se tienen registradas 272 sanciones.

“También hemos procurado que las denuncias de actos de corrupción sean incentivadas a través de medidas de protección a los denunciantes. Esta propuesta se lleva a cabo, por lo pronto, mediante protocolos de orientación”, señaló.

Asimismo, dijo, venimos propugnando que las personas condenadas por actos de corrupción no formen parte del Estado.

Normas emitidas
Entre las normas mencionadas por el ministro está el Decreto Legislativo 1243, que modifica el Código Penal y Código de Ejecución Penal a fin de ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación perpetua para delitos cometidos contra la administración pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

Además, el dispositivo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General, el que crea la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Minjusdh y el que establece la política nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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