El jefe de la sección Ambiental del partido Peruanos por el Kambio (PPK) César Ipenza planteó combatir la minería informal mediante una mayor articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, a través del Programa Oro Limpio.
“Si bien el gobierno nacional da las leyes, quien tiene que aplicarlas son los gobiernos regionales, sin recursos, sin personal. Arequipa tenía 16,000 mineros para formalizar, pero cinco personas para ese proceso”, señaló César Ipenza en el marco del foro ‘Formalización de la pequeña minería y minería artesanal’ organizado por las embajadas de Suiza y Canadá.
“Tiene que haber un mecanismo de involucramiento entre el gobierno nacional con las regiones”, agregó Ipenza a Gestión.
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Esto se lograría a través de un nuevo ministerio de Apoyo a las Regiones, así como de asistencia, acompañamiento, dotación de recursos de parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Asimismo, Ipenza aclaró que su propuesta de “Adelanto social” por proyectos mineros se realizará con recursos del estado. Sin embargo, Ipenza dijo que el monto de la inversión va a depender de cada caso. También propuso la reducción de la minería ilegal.
Por otro lado, Ipenza propuso ofrecer oportunidades para hacer clusters o cadenas de valor. “Para eso tenemos experiencia con los CITEs o asistencia a través de Senati”, señaló. Asimismo, propone diferenciar la minería metálica de la no-metálica.
Decretos sobre formalización
Acerca de la propuesta de Fuerza Popular de derogar los decretos legislativos 1100 y 1105 – los cuales establecen diferencias entre minería informal e ilegal -, Ipenza señaló que esto no contribuirá a la formalización minera y tampoco a los pequeños mineros que ya iniciaron el proceso.
“Veamos cuánto han invertido también los mineros en la formalización y eso va a ser perdido porque es casi empezar de cero”, dijo Ipenza.
“Posiblemente, los mineros peruanos van a perder la oportunidad de exportar su oro hacia Suiza, porque el mercado es exigente y pide que se cumplan las obligaciones, que no financien la destrucción del ambiente y no se afecte los derechos fundamentales”, señaló.
Ipenza citó cifras de Macroconsult que señalan que se pierden US$1,000 millones anuales por pérdidas de la minería ilegal y US$305 millones que deja de tributar. “Esta cifra evidencia los altos costos y pérdidas que genera para todos los peruanos”, señaló.
“Al 2012, eran 50,000 hectáreas destruidas, no solamente son deforestadas. A cifras actuales, hablamos de cerca o más de 100,000 hectáreas. Al ritmo de derogar normas y tumbar procesos, quizá al año 2021, hablemos de medio millón de hectáreas destruidas solo en Madre de Dios”, dijo.
