(Bloomberg) El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de capturar y deportar a millones de inmigrantes indocumentados posiblemente desate cataratas de juicios que pronto eclipsarían la batalla legal sobre la prohibición temporaria del gobierno respecto de la entrada a Estados Unidos de viajeros de siete países de mayoría musulmana.

El Departamento de Seguridad Nacional está impulsando lo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) considera como “una hiperagresiva política de deportación masiva”.

La medida dispuesta por la orden ejecutiva presidencial del 25 de enero comprende la contratación de miles de agentes más de patrulla fronteriza y de inmigración, y la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.

Tanto ACLU como otros grupos, tras su éxito en obstaculizar la prohibición de Trump del 27 de enero al ingreso de viajeros, estudiantes y refugiados de Siria, Irán, Yemen y otras cuatro naciones, prometen desafiar también la iniciativa sobre inmigrantes indocumentados.

Los abogados de casos de inmigración dijeron que apenas han comenzado a analizar los cambios del gobierno a las disposiciones en torno al control inmigratorio, que tardarían meses, o años, para implementarse en forma total.

El abogado Mike Jarecki, de Chicago, dijo que “no hay duda” de que el gobierno recibirá montañas de acciones legales una vez que comience la aplicación de las nuevas políticas.

La mayor debilidad del plan, agregó, es la posibilidad de elaboración de perfiles raciales y discriminación, dado que las fuerzas locales del orden sin capacitación adecuada podrían ser utilizadas para ayudar a identificar y detener a inmigrantes indocumentados.

Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, dijo el martes que la deportación masiva no era el objetivo de la medida. Por el contrario, el gobierno quiere clarificar las reglas de inmigración legal y liberar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se habían visto “esposados” por políticas que determinaban quién “podía o no actuar”.

Buena parte del plan presentado en un par de memorandos el martes por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, parece aplicar leyes que ya existen, porque muchas personas que residen en Estados Unidos sin documentación pueden ser expulsados legalmente, dijo Bryan Johnson-Xenitelis, abogado de Nueva York con más de una década de experiencia en casos de inmigración.

Aun así, habrá oleadas de demandas en contra de la ampliación propuesta del proceso de “deportación expedita” ya contemplado en la legislación vigente, predijo.

La propuesta facultaría a los agentes de migración y aduanas a deportar a cualquier inmigrante indocumentado que haya permanecido en Estados Unidos por menos de dos años, comentó Johnson-Xenitelis.

Los litigios repetirán las querellas por la prohibición de viaje impuesta por Trump, manifestó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional de Inmigración.

Los argumentos seguramente incluirán demandas de que la política viola el proceso debido y los derechos de protección igualitaria y las protecciones contra allanamientos e incautaciones infundados, señaló.

La propuesta de Trump de enviar los inmigrantes indocumentados a México para esperar sus audiencias de inmigración –suponiendo que el país las implemente– es un punto vulnerable a ser atacado, indicó Hincapié.

Deportar personas antes de que hayan tenido una audiencia o que un juez haya ordenado su expulsión del país “plantea toda una serie de violaciones constitucionales”, agregó.

Esa disposición violaría la ley de Estados Unidos y las obligaciones por tratados internacionales que requieren que el gobierno garantice que la gente que llega a Estados Unidos tenga una verdadera oportunidad de solicitar asilo, dijo David Leopold, abogado de Cleveland experto en el tema y ex presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.