Agencias.- Entre 21,000 y 22,000 “soñadores”, jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, no renovaron su inscripción al plan DACA que les protegía de la deportación y les otorgaba un permiso de trabajo, indicó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan.

En una rueda de prensa, Lapan aseguró que esos jóvenes no serán “prioridad” para la deportación a pesar de que haya expirado su inscripción al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, y al que puso fin su sucesor, Donald Trump.

Trump acabó con el programa el 5 de septiembre, pidió al Congreso que buscara una solución legislativa en seis meses (antes del 5 de marzo de 2018) y ofreció a los “soñadores” la posibilidad de renovar su inscripción a DACA si su permiso expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, es decir, entre la fecha de su anuncio y el límite dado al Legislativo para actuar.

La fecha límite para renovar DACA era el 5 de octubre y, aunque aún no hay cifras finales, Lapan indicó que renovaron su permiso aproximadamente 133,000 “soñadores” de los 154,000 que reunían los requisitos para hacerlo y que, entre 21,000 y 22,000, decidieron no hacerlo.

En total, desde 2012, el plan DACA benefició a unos 800,000 jóvenes que pudieron frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.

Los jóvenes que acaban de renovar su inscripción a DACA estarán protegidos hasta 2019, incluso si el Congreso no aprueba ningún tipo de ley migratoria que les permita residir legalmente en EE.UU.

El balón está ahora en el tejado del Congreso, que se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley que sirva para regularizar la situación de los “soñadores”, mientras que la mayoría de los republicanos condiciona su ayuda a la aprobación de fondos para seguridad fronteriza.

Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el “Dream Act”, una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los “soñadores” en 2001 con el “Dream Act” y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.