Maduro enfrenta creciente aislamiento internacional, condenado por 17 países de América

Un comunicado del grupo que encabezan Brasil, Argentina, Canadá, México y Uruguay, leído ante la prensa por el canciller peruano, Ricardo Luna, denunció “una ruptura del orden democrático” en el país petrolero y desconoció la Constituyente y sus actos.

AFP.- El gobierno de Nicolás Maduro fue condenado este martes por 17 países americanos por una “ruptura” de la democracia en Venezuela y señalado en la ONU por violación de los derechos humanos, aumentando su aislamiento internacional tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente.

Un comunicado del grupo que encabezan Brasil, Argentina, Canadá, México y Uruguay, leído ante la prensa por el canciller peruano, Ricardo Luna, denunció “una ruptura del orden democrático” en el país petrolero y desconoció la Constituyente y sus actos.

La declaración llega tres días después de que el Mercosur (Mercado Común del Sur) suspendiera a Venezuela esgrimiendo el mismo argumento.

Más temprano, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, alertó sobre el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias” contra manifestantes e, incluso, “torturas”. El Secretario general del organismo, Antonio Guterres, temió que Venezuela se distancie de la paz.

Mientras, en Caracas, se reúnen cancilleres del ALBA, grupo de países aliados de Maduro entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, para expresarle apoyo.

La Constituyente se instaló entre denuncias de fraude y sin el reconocimiento de Estados Unidos ni de bloques como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos (OEA).

El gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro y funcionarios y excolaboradores, y amenaza con medidas más drásticas.

“El cerco internacional es necesario para que en Venezuela haya un cambio”, manifestó Luis Florido, jefe de política exterior del Parlamento de mayoría opositora.

Toma del Legislativo
Este martes, en sesión en el Palacio Legislativo, los 545 asambleístas de la Constituyente, todos oficialistas, aprobaron un acuerdo de respaldo a la Fuerza Armada, luego del ataque de un comando de una veintena de hombres a un cuartel en Valencia (norte), el domingo, que dejó dos muertos y ocho capturados.

Ovacionado, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, reafirmó desde la tribuna del salón protocolar el carácter “antiimperialista” y revolucionario” de la Fuerza Armada.

Militares impidieron ingresar este martes a 15 diputados opositores y la noche del lunes “tomaron” con un grupo de constituyentes el salón protocolar, denunció el Congreso, que debate en el hemiciclo y sesionará el miércoles.

“Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente”, aseguró Stalin González, jefe de la mayoría opositora.

En la continuación de las protestas contra Maduro, que dejan 125 muertos en cuatro meses, apenas un centenar de personas participó este martes en el este de Caracas en bloqueos de calles convocados por la oposición, dispersados con bombas lacrimógenas.

“Tribunal de inquisición”
La Constituyente aprobó este martes una ley marco para una “comisión de la verdad” que investigará hechos de violencia política desde 1999, cuando ascendió al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013. Su presidenta, Delcy Rodríguez, lo consideró “un paso histórico”, pero la oposición teme una “cacería de brujas”.

“Será un tribunal de inquisición”, alertó la legisladora Delsa Solórzano.

La asamblea se estrenó el fin de semana con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que rompió con Maduro.

La justicia condenó en la madrugada de este martes a 15 meses de prisión al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y fijó para el miércoles audiencia contra David Smolansky, alcalde de El Hatillo, ambos municipios del este de Caracas. Hace diez días fue detenido Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto (oeste).

Los tres son procesados por no evitar trancas de vías en las protestas.

La Constituyente redactará una Carta Magna para sustituir la aprobada en 1999 durante el gobierno de Hugo Chávez y regirá al país por hasta dos años -más allá del mandato de Maduro, que termina en enero de 2019- como un poder plenipotenciario, tomando decisiones de aplicación inmediata.

La oposición, que exige comicios generales, asegura que en realidad busca instaurar una “dictadura comunista”.

Elecciones, la encrucijada
Tras su infructuoso intento de frenar la Constituyente, la oposición afronta el dilema de ir o no a las elecciones de gobernadores de diciembre, cuya inscripción de candidatos se realiza entre martes y miércoles.

Ello luego de denunciar que la votación de la Constituyente, el 30 de julio, fue el “fraude más grande de la historia”, por lo que corre el riesgo de perder apoyo popular como cuando aceptó un fallido diálogo con el gobierno a fines del 2016.

“Las elecciones forman parte de una guerra de posiciones y como tal hay que pelear por esas posiciones”, declaró a la AFP el analista Luis Salamanca.

En el 2005, tras denunciar un fraude en un referendo contra el presidente Hugo Chávez, la oposición no fue a las parlamentarias, lo que dio control absoluto al chavismo sobre el Parlamento durante cinco años.

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