La Cámara de Comercio de Lima (CCL) está de acuerdo y respalda la implementación y el funcionamiento de los juzgados tributarios, pero expresa su preocupación por la falta de transparencia en la implementación y funcionamiento de estos juzgados.

Para el gremio empresarial, los contribuyentes y la administración tributaria requieren de jueces especializados para atender las complejas y recurrentes controversias tributarias.

Sin embargo, reclama que la Sunat haya trasladado al Poder Judicial parte de sus ingresos -para financiar infraestructura y sueldos- y le preocupa las extrañas declaraciones de los funcionarios encargados de su implementación.

Recientemente Julio Wong Abad, Coordinador de los juzgados y salas tributarias, ha sostenido, que las resoluciones emanadas del Tribunal Fiscal y de Indecopi, tienen un “grado de error mínimo” propiciando la tesis de la infalibilidad de la administración pública.

Asimismo, vaticina que la mayoría de demandas que se inicien para impugnar tales decisiones “no serán exitosas”, y anuncia que en los próximos meses se reunirán los jueces con el Tribunal Fiscal e Indecopi para uniformizar criterios y “evitar juicios innecesarios”.

“Estas afirmaciones son inaceptables en un Estado de Derecho pues -a priori- revelan una sensación de desprotección a los contribuyentes, cuando el propósito de estos juzgados debe ser administrar justicia especializada e imparcial para las partes en controversia”, señaló Guillermo Greallud, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL.

“Hemos expresado varias veces el enorme riesgo de que la Sunat financie “legalmente” a estos juzgados y salas, y las declaraciones del señor Wong confirman que nuestros temores son fundados”, precisó.

Grellaud agregó que “se nos quiere privar así del derecho esencial a un Poder Judicial imparcial y objetivo, que garantice a todas las partes un trato equitativo, lo cual es consustancial a toda sociedad civilizada”.

“Urgimos por ende al Comité Ejecutivo del Poder Judicial y a las demás autoridades competentes para que, además de deslindar desafortunadas declaraciones, dicten las medidas que permitan restituir el derecho fundamental de los ciudadanos a que las demandas planteadas contra decisiones emanadas de las autoridades tributarias y de Indecopi, sean evaluadas de manera independiente, justa y objetiva, y, que se renuncie al indebido traspaso de dinero de la Sunat al presupuesto del Poder Judicial”, concluyó Grellaud.

La CCL considera que las actuales reclamaciones tributarias son engorrosas, complejas e interminables en la propia Sunat, en el Tribunal Fiscal y en el Poder Judicial, y es necesario implementar el arbitraje tributario como mecanismo célere y eficaz de administración de justicia fiscal en el Perú, que es lo que permanentemente requieren los inversionistas nacionales y extranjeros.