“Por intervención política se ha dado trabajo a personas no idóneas en el Estado”

Aptitus de G. El exministro de Trabajo, Jaime Zavala, destaca el cambio trascendental que significa la nueva Ley del Servicio Civil, pero señala que enfrentará desafíos constitucionales y un cambio en la gestión de talento.

Por Daniel Goya

Las manifestaciones en contra de la Ley del Servicio Civil hicieron que se postergara la aprobación en el Congreso. ¿Qué cree que sucederá ahora que el Parlamento finalmente votó a favor de la Ley?
La Ley será promulgada por el presidente de la República, pero las marchas y protestas seguramente continuarán. Considero que, tratándose de la primera gran reforma del servicio civil, ha faltado consulta y diálogo para entender mejor sus objetivos.

Asimismo, debió buscarse mayor consenso de los grupos políticos para que tuviera mayor legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Es preocupante que una ley de esta naturaleza haya sido aprobada por una mayoría simple de 59 votos de un total de 130 congresistas.

De otro lado, se advierte que en materia de derecho colectivo de trabajo habría visos de inconstitucionalidad, por lo que una demanda de inconstitucionalidad se va a dar sin perjuicio de otras acciones que tomen los servidores públicos. Tendremos, pues, fiesta para rato.

¿Cómo evalúa usted la Ley?
La Ley significa un cambio estructural en la manera en que se relaciona el Estado con los ciudadanos. El objetivo principal es mejorar el servicio al ciudadano. Por ello, apunta a ordenar y mejorar la gestión de los recursos humanos para mejorar el desempeño del servidor y el impacto positivo en la ciudadanía. Busca, además, introducir conceptos, como meritocracia, idoneidad y profesionalización de los servicios públicos.

La reforma armonizará los deberes y derechos de las personas que trabajan en el Estado, reducirá inequidades, establecerá reglas comunes y garantizará una compensación equivalente para labores desempeñadas en puestos y condiciones similares. La reforma apunta también a garantizar la permanencia de los mejores directivos y la baja rotación del personal más competente, así como la estabilidad de los profesionales de línea media de carrera. Ello permitirá la sostenibilidad del quehacer del Estado.

¿De qué manera la Ley garantizará todas las mejoras que propone?
Siempre ha habido una intervención política y se han entregado puestos de trabajo a personas que no eran idóneas. Hoy, la ley señala que todo puesto deberá ser ocupado luego de un concurso público y algo que garantizará que no haya tantas desigualdades es que existirá un solo régimen laboral en el Estado, ya que hoy existen tres: la carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada y la contratación administrativa de servicios. Este personal irá pasando progresivamente al nuevo. De otro lado, la evaluación anual permitirá el desarrollo profesional y mejorar sus remuneraciones.

Suena a parte del trabajo de las áreas de gestión humana. ¿Podríamos tener estos ejecutivos en el Estado?
Eso aún no se sabe, pero sin duda será importante que, al hablar de capital humano, el Estado necesite de personas técnicas. Con esta Ley, las cosas deberán empezar a verse de modo distinto, porque si la profesionalización, las capacitaciones y la meritocracia son las que van a prevalecer, necesitamos un cambio de actitud por parte de las entidades del Estado y los responsables en gestión, talento y desarrollo humano para que la reforma tenga éxito.

¿Cómo se encuentra el régimen laboral peruano frente a sus similares de la región?
El servicio civil está atrasado frente a sus similares en la región, sobre todo, respecto a Brasil, Chile y Uruguay. La ineficiencia de la administración pública es el factor que más afecta su desarrollo. En un estudio del BID sobre el diagnóstico del servicio civil en el Perú, del 2011, se indica que el país ocupaba el puesto 17 sobre 21 países en el ránking de desarrollo de los servicios civiles latinoamericanos. Uno de los factores era el déficit de capacidades técnicas en el área de recursos humanos. En otros países de la región la capacitación es una parte fundamental, porque los empleados sienten que están recibiendo un verdadero aporte a su formación.

¿Cuán competitivo se volvería el sector público frente al privado con esta ley?
A mi juicio, son dos sectores que no pueden compararse. Pero, aunque sea un cambio de largo aliento, se prevé que los trabajadores públicos ejerzan de manera sostenida independientemente del cambio de gobierno, y de forma altamente profesional. Y es que un objetivo fundamental de la reforma es la profesionalización del Servicio Civil, es decir, contar con el personal más competente e idóneo para el Estado.

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