(AFP) La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que Irán debe pagar casi US$ 2,000 millones en activos congelados a las víctimas y familiares de estadounidenses muertos en ataques de los que se responsabiliza a la República Islámica.

En una decisión tomada por seis contra dos, la mayoría de la corte ratificó una ley federal del 2012 sobre la distribución de activos iraníes depositados en bancos estadounidenses, afirmando que el Congreso no usurpó la autoridad de tribunales menores al adoptarla.

Más de 1,000 estadounidenses se benefician con la resolución, referida al atentado contra un cuartel de marines en Líbano cometido en 1983, en el que murieron 241 marines, y a víctimas de otros ataques, como el perpetrado con explosivos en un edificio en Arabia Saudita con saldo de 19 norteamericanos muertos.

Los demandantes habían obtenido la atribución por la justicia de miles de millones de dólares por daños e intereses, que luego no recibieron, por lo que se dirigieron entonces a tribunales de Nueva York, solicitando que se recurriera a los activos iraníes en el país.

Fondos identificados como tales fueron congelados en el 2008, implicando diversos intermediarios financieros, entre ellos la firma Clearstream, con sede en Luxemburgo.

Luego de aprobada la ley en el 2012, el Banco Central iraní había apelado ante la Corte Suprema estadounidense, afirmando que el Congreso se había extralimitado en sus funciones y violado la separación de poderes adoptando una resolución cuyo objetivo específico era intervenir en un caso penal.

Los argumentos fueron rechazados por el máximo tribunal estadounidense.

En la ley “no percibimos una violación del principio de separación de poderes, ni una amenaza a la independencia judicial”, dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg, redactora de la decisión de la mayoría.

El juez John Roberts presentó una opinión discordante, que fue sostenida por la jueza Sonia Sotomayor.

“Contrariamente a la mayoría, sostengo que la ley viola la separación de poderes entre la rama ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno”, escribió Roberts.

“La autoridad de la rama política es suficiente, no tienen necesidad de tomar la nuestra”, justificó.

Roberts agregó: “No menos que si se hubiera aprobado una ley afirmando ‘los demandantes ganan’, el Congreso decidió este caso adoptando un estatuto especialmente diseñado para este caso, que resuelve las disputas legales específicas de las partes garantizando la victoria de los demandantes”.

El veredicto fue emitido en un contexto sensible de aproximación entre ambos países, nueve meses después de la firma en Viena (Austria) de un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.