AFP.- La Iglesia católica puso más presión sobre el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, al asegurar que se convirtió en una “dictadura” que se consolidará con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Nacional Constituyente.
El clero venezolano se sumó así al rechazo a esa iniciativa expresado por la oposición y la fiscal general, Luisa Ortega, devenida en la mayor adversaria de Maduro tras años de línea oficialista.
La Constituyente “será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”, aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón.
El prelado sentó la contundente posición de la Iglesia sobre la crisis política, institucional y económica que vive el país, en el discurso de apertura de la asamblea anual de la CEV, en el que subrayó que los obispos están en “plena comunión” con el papa Francisco.
Maduro sostiene que la Constituyente traerá la recuperación económica y la paz a un país convulsionado desde hace tres meses con protestas que exigen su salida del poder, y que dejan 91 muertos.
Pero a medida que se acerca la elección de la Constituyente, la tensión aumenta. La Iglesia se sumó al rechazo a esa iniciativa expresado por la oposición y la fiscal general, Luisa Ortega, devenida en la mayor adversaria de Maduro tras años de línea oficialista.
“Una distracción”
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha llamado a desconocer al gobierno, prepara para el 16 de julio un plebiscito simbólico para demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de los venezolanos.
Agobiados por la profunda crisis económica, un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y un 70% está en desacuerdo con la Constituyente, según la firma Datanálisis.
La oposición confía en detener la elección de la Constituyente con la consulta popular, para la cual, confirmó Padrón, la Iglesia autorizó a usar sus instalaciones, excepto los templos.
La MUD anunció este jueves en rueda de prensa que los rectores de las principales universidades del país serán los “garantes” de ese proceso, que Maduro considera “ilegal” y que no cuenta con el aval del poder electoral, al que sus detractores acusan de servir al gobierno.
Según Ortega, esa iniciativa “pareciera una distracción para esconder los verdaderos problemas y para que la población se olvide de la responsabilidad que tiene el presidente” en la crisis.
“La Constituyente no va a resolver los grandes problemas como la escasez de alimentos, la inseguridad (…) tampoco va a resolverá el tema de la corrupción”, aseguró la fiscal, al participar este viernes vía internet en un foro sobre derechos humanos.
Ortega acusa a Maduro de romper el orden constitucional a través de fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidirá en breve si le abre un juicio para destituirla por supuestas “faltas graves” en el cargo, acusada por el oficialismo de “mentir” en señalamientos contra los magistrados.
El “suprapoder”
La cúpula eclesiástica venezolana, que se reunió con el papa Francisco hace un mes, ha criticado en reiteradas ocasiones a Maduro, aunque nunca de forma tan contundente como ahora, por lo que altos funcionarios la tildan de “partido político” opositor.
Al igual que la oposición, la CEV cree que la Constituyente permitirá “la permanencia ilimitada del actual gobierno en el poder” y la “anulación de los poderes públicos” como el Parlamento, de amplia mayoría opositora.
Según un estudio de Latinobarómetro, 79% de los venezolanos se declaraba católico en 2013.
La víspera, Maduro exigió a los empleados públicos -unos 2,8 millones- votar “sin excusa” dentro de tres semanas.
“Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar por la Constituyente!”, expresó el mandatario.
La Constituyente será un “suprapoder” que regirá el país por tiempo indeterminado. “Comienza un proceso de desmontaje de las instituciones que adversan al gobierno”, advirtió el consultar jurídico Oswaldo Ramírez.
Según el episcopado, en Venezuela “ya no hay conflicto ideológico entre derechas o izquierdas”, sino “una lucha entre un gobierno convertido en dictadura y todo un pueblo que clama libertad”.
Maduro ha acusado a la CEV de ignorar los llamados al diálogo del Papa, pero Padrón aseguró que esa palabra está “devaluada” en Venezuela y consideró que una auténtica negociación para resolver la crisis pasa por convocar a “elecciones universales, directas y secretas”.
