(Reuters).- Sindicatos de Argentina acataron hoy una amplia huelga general de un día, en medio del crecimiento de la violencia urbana y una alta inflación que golpea el poder de compra de la población.

La protesta, en la que participan centrales sindicales del transporte público y gremios importantes como camioneros y trabajadores estatales, busca un reajuste de los salarios y una disminución de los elevados impuestos a las remuneraciones, tras una devaluación del peso de 35% en 12 meses.

En las vacías calles de Buenos Aires, no circulan autobuses y tampoco funcionan los trenes de cercanías. Muchos colegios no dictan clases y numerosas tiendas están cerradas por la ausencia de empleados.

“Hay trabajadores que están de acuerdo con el paro y lo hacen, hay otros que no están de acuerdo y quieren concurrir a sus lugares de trabajos y no pueden hacerlo”, señaló el jefe de Gabinete de ministros del Gobierno, Jorge Capitanich.

El premier argentino atacó a los organizadores de la huelga, principalmente al sindicalista Luis Barrionuevo, líder de la central Azul y Blanca, de quien dijo que organizó la protesta por motivos políticos y no gremiales.

Barrionuevo respondió que “la medida de fuerza había que tomarla porque el Gobierno no atiende los reclamos” y dijo que “la presidenta está en otro mundo, en el mundo de las maravillas, de las mentiras”.

Argentina padece una de las mayores tasas de inflación del mundo que este año superaría un 30%, mientras su economía está dando señales de agotamiento tras casi una década de fuerte crecimiento.

La escala salarial sobre la que se aplica el tributo apenas se ha actualizado en los últimos años y quedó desfasada debido a los ajustes de los sueldos por la elevada inflación en el país. La escala para la imposición del tributo no se actualiza automáticamente por el aumento del costo de la vida, sino que depende de la decisión de Cristina Fernández.