La Contraloría General de la República exhortó hoy a los funcionarios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza a que cumplan con la entrega de la documentación solicitada por la comisión auditora para investigar las actividades realizadas en el período 2011-2016.

La investigación de la Contraloría tiene como objetivo el determinar si las compras de bienes y contratación de servicios durante el período 2011-2016, la utilización de los recursos transferidos por el Sistema Integral de Salud-SIS, y el proceso de suscripción y ejecución de los convenios, se realizaron acorde a la normativa vigente.

En el marco de la auditoría de cumplimiento que se encuentra en curso, la referida comisión solicitó el 25 de octubre de 2016 a la Oficina de Logística del Hospital Loayza, 41 expedientes de contratación para su evaluación.

“Sin embargo, a la fecha no se han entregado 11 de ese total, mediante los cuales se habrían contratado bienes y servicios por un monto de S/ 6 millones 700 mil”, dijo la Contraloría.

Agregó que dicho requerimiento fue reiterado formalmente hasta en seis oportunidades, tanto a la Oficina de Logística como a la Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Adjunta del Hospital Loayza.

Expedientes incompletos
Asimismo, la Contraloría informó que 30 expedientes mediante los cuales se habrían contratado bienes y servicios por un monto de S/ 43 millones 800 mil fueron remitidos incompletos a la comisión auditora.

Estos expedientes no cuentan con la información establecida en la Ley de Contrataciones del Estado como: contratos suscritos con los proveedores, comprobantes de pago, conformidad de los servicios recibidos, informes técnicos, entre otros.

“Estos documentos son sustanciales para evaluar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos del Estado, así como su legalidad”, advirtió.

En tal sentido, la Contraloría reiteró su pedido, con lo que se evitará limitar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría de cumplimiento en curso, sin perjuicio de ejercer las acciones correspondientes para la aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones vigente.