La Defensoría del Pueblo tiene bajo observación 22 casos que podrán devenir en conflictos sociales, advirtió en su último reporte correspondiente al mes de agosto.

El denominador común es que todos ellos son de carácter socioambiental e involucran a 19 empresas.

Los departamentos de Loreto y Puno son los que reúnen el mayor número de posibles controversias: cinco y cuatro, respectivamente.

Les siguen Apurímac, Arequipa, La Libertad, Moquegua y Áncash con dos futuros conflictos, en cada caso.

Cabe señalar que en Puno una de las contradicciones sociales abarca el ámbito internacional. Representantes del distrito de Anapia (provincia de Yunguyo) señalan que la isla de Anapia es contaminada por aguas residuales que provienen de la ciudad de El Alto en La Paz- Bolivia.

Incremento
En el mes de agosto se registraron 213 conflictos sociales, cuatro más que en el mes de julio. De ellos, 153 se encuentran en calidad de activos y 60 latentes, se desprende del reporte defensorial.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22), seguida de Puno (21) y Áncash (20).

Los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (66.7%).
En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (66.2%).

Violencia
Sobre la violencia en los conflictos, es importante señalar que entre el 1 y el 31 de agosto se registraron 72 heridos y dos muertos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo lamentó estos sucesos y exhortó a todos los actores involucrados en conflictos sociales a continuar la vía del diálogo como una forma de gestionar sus casos.

En el mes de agosto dicha institución realizó 139 actuaciones defensoriales, de las cuales 122 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 15 a intermediación.

ONG ponen en la mira a empresas petroleras
De acuerdo a un informe de las ONG Cooperacción y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, las empresas Maurel&Prom y Perenco contarían con estudios de impacto ambiental “deficientes”.

Las empresas de origen francés, en el caso de la primera, y franco-británica, en el caso de la segunda, operan en el norte del país en los lotes 116 y 67, respectivamente.

Según su estudio, no habrían desarrollado un minucioso proceso de identificación de gestión de riesgos, lo que podría haber generado algún tipo de responsabilidad en la contaminación de agua y de suelos.

Recomiendan tanto al Perú como a Francia promover y hacer cumplir los estándares ambientales.