Lima (Reuters).- El Gobierno realizará un proceso de consulta a comunidades indígenas antes de licitar el mayor bloque petrolero de la selva norte del país, afirmó un alto funcionario, en la que sería la primera vez en que se hace participar a los afectados con el fin de mitigar los conflictos sociales.

Según el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, líderes de las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de la región selvática de Loreto, denunciaron al Gobierno problemas de contaminación por las operaciones del lote 1AB, cercano a sus localidades.

El lote 1AB, ubicado cerca de la frontera con Ecuador, es operado por la argentina Pluspetrol y su contrato vence en el 2015. El Gobierno había anunciado hace un mes que subastaría el lote en setiembre para que sea operado en asociación con el Estado.

Sin embargo, la licitación podría retrasarse ante el proceso de consulta previa, que aunque no es vinculante, es fruto de una ley que busca respetar el derecho de todas las partes implicadas a pronunciarse antes de desarrollar proyectos mineros y energéticos.

“Yo creo que hay un reclamo absolutamente legítimo de las comunidades sobre un problema de contaminación que está mereciendo que el Estado sea muy estricto en la aplicación de multas”, dijo el ministro a RPP Noticias.

“Por ello, se consideró conveniente que al Estado le corresponde atender la demanda social adecuadamente y acceder a que se haga consulta para este famoso lote 1AB”, agregó.

Según Pulgar-Vidal, Pluspetrol recibió multas por 34 millones de soles (13 millones de dólares) por omisiones a un organismo de fiscalización ambiental y pasivos ambientales que no fueron reconocidos en su informe.

Analistas consideran que la ley de consulta, que aplica parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reduciría el malestar social de las comunidades indígenas, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales con grandes inversiones extranjeras.

Perú tiene proyectos extractivos por más de 50.000 millones de dólares en la próxima década, algunos de los cuales enfrentan el rechazo de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.

“Creo que están planteando un punto central, que justamente lo que nos pone en alerta es que hay que actuar con mucha cautela”, afirmó Pulgar-Vidal. “Debemos asumir los riesgos de consulta pero también los beneficios de consulta, porque si hacemos un buen procedimiento servirá para futuras inversiones y futuros procesos de esta naturaleza, que logren consenso, concertación”, agregó.