En marzo se presentaron 211 conflictos sociales, 165 de ellos están en calidad de activos y 46 en estado latente, según se desprende del último reporte presentado por la Defensoría del Pueblo.

Una de las tareas del Gobierno Nacional es resolver las confrontaciones y por ahora en su ámbito se encuentran 126, mientras que 49 están en manos de los gobiernos regionales.

En relación a los niveles de violencia a los que se llegó este mes, el reporte recoge información de 115 protestas sociales, principalmente marchas y bloqueos de carreteras.

Las más persistentes se registraron en Mazuco y Puerto Maldonado en Madre de Dios -buscan la derogatoria del Decreto Supremo N° 015, sobre control de insumos químicos-, donde se registró una persona muerta y aproximadamente 30 heridos.

Para la Defensoría del Pueblo, la violencia es incompatible con el respeto y la protección de los derechos fundamentales, señaló Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales.

“El derecho a protestar no abre la puerta para la comisión de delitos ni tampoco el restablecimiento del orden público puede llegar a extremos injustificados”, refirió.

Punto aparte
La Defensoría manifestó su preocupación por la huelga nacional iniciada el 25 de marzo por los trabajadores del Poder Judicial.

Tras más de 15 días de protestas se presentaron bloqueo de vías y enfrentamientos con la policía (Tumbes, Lima), crucifixiones (Chiclayo, Arequipa y Moyobamba), quema de expedientes judiciales (Puno, Arequipa), encadenamientos (Huancayo y Cajamarca), y marchas.